La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este lunes inconstitucional que la inmigración ilegal sea un delito estatal en Arizona (suroeste), pero autorizó a la policía de ese estado a controlar los papeles de cualquier sospechoso de ser indocumentado.

En un voto equilibrado, recibido "con satisfacción" por el presidente Barack Obama, la Corte recordó a los 50 estados del país que la política migratoria es potestad del gobierno federal.

Por cinco votos a favor, tres en contra y una abstención, los magistrados señalaron además que no puede ser considerado delito tener un trabajo o buscarlo aunque no se tengan los papeles en regla en Estados Unidos.

Finalmente, los magistrados especificaron que la policía de Arizona, un estado fronterizo con México y que soporta el mayor número de cruces de indocumentados en todo Estados Unidos, no puede arrestar a alguien simplemente porque ha cometido una falta o delito que pueda provocar su expulsión del país.

Pero por ocho votos a favor y una abstención, la Corte sí autorizó esos controles de identidad policiales que Arizona promulgó en 2010 mediante su ley, y que inspiraron otras leyes aún más duras en otros estados.

En una sentencia de gran complejidad jurídica, la Corte da como ejemplo un control de alcoholemia en una carretera de Arizona.

Retener a una persona durante esos controles más allá de lo necesario para comprobar su situación inmigratoria no es necesariamente inconstitucional, explicó el texto.

"No está claro hasta este momento, y a la luz de la experiencia, que el proceso de verificación (de la situación migratoria de la persona retenida) resulte en una detención prolongada", una situación que sí es inconstitucional jurídicamente, explicaron los jueces en su sentencia.

Arizona promulgó la ley en 2010 y el gobierno de Barack Obama la impugnó ante los tribunales inmediatamente, recordó la Corte.

Por ello, "hay una incertidumbre básica sobre lo que significa la ley y sobre cómo será aplicada", explicaron los jueces.

"En estos momentos (...) sería inapropiado asumir" que esa disposición de los controles de papeles entre en conflicto con la potestad del gobierno federal en materia migratoria, añadió el texto.

Sin embargo, advierten los autores del fallo, "esta opinión (de la Corte) no excluye otras demandas constitucionales" en el futuro.

Los jueces parecieron dejar así la puerta abierta a otras demandas en el futuro, si se comprueba que los controles de papeles en Arizona llevan a abusos policiales.

Los controles de identidad son muy criticados por las organizaciones de defensa de los inmigrantes, que temen que la policía pare a personas simplemente por su aspecto físico.

Entre los ocho que votaron a favor de los controles de identidad destaca la jueza de origen hispano, Sonia Sotomayor.

Tres magistrados conservadores votaron en cambio de forma disidente en los otros tres apartados de la ley SB 1070, al considerar que mientras no se indique expresamente lo contrario, los estados tienen la responsabilidad y el derecho de proteger las fronteras de Estados Unidos.

Unos 11,5 millones de indocumentados viven, según cálculos oficiales, en Estados Unidos, un país que acrecentó drásticamente los controles sobre quién vive dentro de sus fronteras tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011.

El gobierno de Barack Obama ha deportado un número récord de indocumentados, una media de 400.000 al año, desde que asumió el poder.

Pero el presidente, que había prometido una reforma migratoria integral que no pudo concretar en el Congreso, también ha suavizado las condiciones de esas deportaciones, concentrándolas en los que tienen antecedentes o los criminales convictos.

La Corte Suprema pareció darle la razón en esa nueva política de deportaciones, muy criticada por los conservadores republicanos.

"Trabajadores indocumentados que intentan mantener a sus familias, por ejemplo, plantean menos problemas que los contrabandistas de extranjeros o extranjeros que cometen crímenes graves", explicaron los jueces.

"Arizona puede sentirse comprensiblemente frustrada por los problemas que causa la inmigración ilegal (...) pero ese estado no puede llevar a cabo políticas que atentan contra la ley federal", explicaron en otra parte del fallo.

"Me satisface que la Corte Suprema haya invalidado partes clave de la ley de inmigración de Arizona", explicó Obama al reaccionar al fallo.

Pero el presidente señaló al mismo tiempo su inquietud "sobre el impacto" de esas políticas.

"Ningún estadounidense debería vivir bajo sospecha solamente por su aspecto", advirtió Obama.

Su rival republicano en las elecciones presidenciales de noviembre, Mitt Romney, destacó por su parte que la sentencia "subraya la necesidad de un presidente que asuma liderazgo en este tema crítico y que trabaje de forma bipartidaria para lograr una estrategia inmigratoria nacional".