Preocupación expresó el Gobierno por el  fallo en el que se pide que esa Corte Internacional  examine la conducta del ex presidente Belisario Betancur  por los hechos del Palacio de Justicia.

Que el fallo  del Tribunal Superior de Bogotá, que confirma la condena impuesta al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, y la exhortación que hace para presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, específicamente para que sea ésta la que revise la actuación del entonces presidente de la República, Belisario Betancur, desconoce el artículo constitucional que confiere al Congreso esas funciones judiciales expresó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

A través de un comunicado, el Gobierno expresó su preocupación por esa decisión judicial y señaló que “tal apreciación, el Tribunal deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de administración de justicia que ha sido una constante en la historia constitucional colombiana”

El texto del comunicado es el siguiente:

1. Ante todo, y por supuesto, su respeto y acatamiento de siempre a las decisiones de los jueces y tribunales de la República.

2. Su profunda preocupación de Estado, y sobre todo de Estado de Derecho, en relación con las graves implicaciones de la exhortación que se hace al Fiscal ante la Corte Penal Internacional para que eventualmente presente el caso ante dicha Corte.

Esta preocupación obedece en esencia a que tal exhortación parte de la base de considerar que en el caso en cuestión no ha habido propiamente una acción de la justicia colombiana, pues que a juicio del Tribunal las actuaciones que se han surtido ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ya en tres ocasiones y luego de la respectiva investigación ha decidido archivar el caso, no tienen naturaleza judicial sino política. Tal afirmación implica desconocer que el artículo 116 de la Constitución le confiere expresamente al Congreso "determinadas funciones judiciales" -por supuesto, con ese inequívoco y perentorio carácter-.

Con tal apreciación, el Tribunal deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de administración de justicia que ha sido una constante en la historia constitucional colombiana, en la medida en que supone que por esa vía no se administra justicia en relación con los altos funcionarios para quienes ella está instituida.

3. Frente a la decisión de fondo, el Gobierno se abstiene de hacer pronunciamiento alguno, máxime teniendo en cuenta que aún está pendiente la oportunidad del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.