El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles anunció este domingo la renuncia a su candidatura dentro de las primarias que elegirán el 22 de octubre al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del año próximo, alegando una inhabilitación política que pesa en su contra.

Capriles, que enfrentó a Hugo Chávez en 2012 y a Maduro un año después, no puede ejercer cargos públicos desde 2017 por supuestas "irregularidades administrativas" durante su gestión como gobernador del estado Miranda, que abarca parte de Caracas. Al inscribir su nombre dentro de las internas ya pesaba sobre él esta sanción, que se extiende por 15 años.

"La realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral", indicó en una carta difundida en sus redes sociales. "Sabemos que es una inhabilitación inconstitucional, ilegal, arbitraria, pero está allí, impuesta por un gobierno no democrático".

"Venezuela nos exige honestidad y transparencia", siguió Capriles. "Pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido".

Otros candidatos de la primaria están también inhabilitados, como María Corina Machado, amplia favorita, y Freddy Superlano, que entró en la carrera tras la huida de Juan Guaidó a Estados Unidos.

Antes de publicar la carta, Capriles -que marchaba segundo en las encuestas, aunque lejos de Machado-- hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sin hablar directamente de su renuncia.

El tema de las inhabilitaciones fue punto álgido en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en México, congeladas desde noviembre de 2022, en pro de acuerdos que permitiesen a los sancionados postularse.

El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) es Elvis Amoroso, que antes estaba al frente de la Contraloría que inhabilitó unilateralmente a Capriles y a otros dirigentes.

La oposición rechazó una propuesta del CNE para realizar las primarias con el sistema automatizado de votación, pues el proceso debía posponerse casi un mes y no había garantías de que los políticos sancionados pudieran participar.