El máximo tribunal de Venezuela, de línea oficialista, suspendió este martes la directiva del partido político del líder opositor Juan Guaidó, Voluntad Popular, y entregó a un rival el control de la organización.

Una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "decretó medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual Dirección Nacional de la organización con fines políticos Voluntad Popular", indica un comunicado de la corte, que nombró una "junta directiva ad hoc" encabezada por el diputado José Gregorio Noriega, adversario de Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente encargado del país caribeño por medio centenar de gobiernos.

Ya el TSJ, el 15 y el 16 de junio, tomó medidas similares contra otros dos de los principales partidos opositores, Acción Democrática (socialdemócrata) y Primero Justicia (centro).

Ello en camino a las elecciones convocadas para el próximo 6 de diciembre para renovar el Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, que serán boicoteadas por los principales partidos que adversan al gobierno socialista de Nicolás Maduro.

La directiva ad hoc, según el fallo, "podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de Voluntad Popular". 

Desde la jefatura de la unicameral Asamblea Nacional, Guaidó reclamó la presidencia interina de Venezuela en enero de 2019 con respaldo de Estados Unidos, después de que la mayoría opositora de la cámara declarara "usurpador" a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente.

Noriega es aliado de Luis Parra, un legislador que rompió con Guaidó después de haber sido acusado de corrupción vinculada con un programa de alimentación del gobierno de Maduro y se proclamó presidente del congreso en enero pasado, con apoyo del chavismo, en paralelo a la reelección del dirigente opositor.

Once partidos políticos opositores, incluyendo Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia, han anunciado un boicot contra las votaciones legislativas al calificarlas de "farsa". Esto, en reacción a la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del TSJ, que declaró una "omisión" del Parlamento en su atribución de elegir autoridades comiciales.