El Tribunal Constitucional español avaló este jueves las "devoluciones en caliente" de inmigrantes desde los enclaves de Ceuta y Melilla en el continente africano, una práctica muy criticada por organizaciones de derechos humanos.
Esta decisión se enmarca en un fallo del Constitucional que ratificó la legalidad en su casi totalidad de la ley de seguridad ciudadana de 2015, que entre otras cosas permite devolver de manera rápida a inmigrantes clandestinos que crucen la frontera desde Marruecos.
"El régimen especial para Ceuta y Melilla de rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente... es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", determinó el Constitucional.
El Tribunal precisó que estas expulsiones deben hacerse respetando "las garantías" de las personas y teniendo "especial atención" con los más vulnerables, como los menores de edad o las mujeres embarazadas.
Estas devoluciones desde los enclaves españoles, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano son muy criticadas por organizaciones, que alegan que se vulnera el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo.
Antes de llegar al gobierno en junio de 2018, los socialistas se comprometieron a terminar con estas prácticas, pero hasta ahora la ley no ha sido reformada.
La decisión del Tribunal Constitucional español concierne únicamente a Ceuta y Melilla, donde de todas maneras los ingresos han caído un 70% en lo que va de año en comparación con 2019, para ubicarse en unos 1.500, según cifras del Ministerio de Interior.
Una situación diametralmente opuesta a la de Canarias, archipiélago atlántico situado frente al noroeste de África, donde este año las llegadas de migrantes se han multiplicado por once, alcanzando los 16.700 desde el inicio del año.
Por otra parte, el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa (CPT) tachó de "inhumanas" las condiciones de detención de los inmigrantes en Grecia e instó a revisar su política de acogida.
"Parece persistir la creencia de que las condiciones difíciles disuadirán a los migrantes de viajar a Grecia, sin tener en cuenta los factores que llevan a las personas a arriesgar sus vidas para entrar en el país" aseguran.
Si bien el CPT toma la precaución de subrayar que el problema requiere un "enfoque europeo coordinado", considera que éste "no puede dispensar al Estado griego de sus obligaciones en materia de derechos humanos".
"El CPT no entiende cómo las autoridades griegas mantienen a niños pequeños y bebés en condiciones tan traumáticas por períodos de hasta un mes o incluso más", escribieron.
Señalaron también las deplorables condiciones de higiene y condenaron el hecho de que los migrantes "no tengan posibilidad de contacto con el mundo exterior".
"Estas condiciones constituyen claramente un trato inhumano y degradante", concluyó el CPT, que pidió a las autoridades griegas que "tomen medidas".
En respuesta al informe, el gobierno griego señaló que la policía no ha recibido ninguna denuncia de violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, en video de migrantes obligados a deambular por las calles de un suburbio de París en la madrugada ayer y seguidos por la policía para evitar que instalen sus tiendas de campaña levantó una ola de indignación de asociaciones que condenan una acción "inhumana".
En total, había entre 300 y 400 inmigrantes que deambulaban en plena noche por las calles de Aubervilliers.
Se trata, en su mayoría, de personas que fueron desalojadas el martes de un campamento improvisado instalado en el vecino suburbio de Saint-Denis, dijo Yann Manzi, fundador de la asociación Utopia56.
Unos 3.000 inmigrantes fueron desalojados de ese campamento improvisado que apareció en agosto y que seguía creciendo cada día más. Una parte de ellos fueron trasladaron a gimnasios y centros de acogida de la región parisina.
Muchos, no obstante, se volvieron a instalar un poco más lejos en las calles.
Desde el inicio de la crisis migratoria en 2015 han surgido varios campamentos improvisados de migrantes en las calles de París y en sus suburbios.