Trabajo forzado uigur: guerra comercial y derechos humanos | El Nuevo Siglo
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Domingo, 10 de Julio de 2022
Agencia IPS

¿Cómo entra un jugador de la NBA en la lista de nominados al premio Nobel de la Paz? El historial de activismo de Enes Kanter Freedom, exjugador de los Boston Celtics, lo deja muy claro.

Kanter, figura incómoda en la NBA durante toda su trayectoria profesional, ha condenado públicamente diversas violaciones de derechos humanos en China, señalando incluso a algunas marcas patrocinadoras de la NBA como cómplices de esos abusos.

Durante los partidos, eran habituales los mensajes de protesta pintados en sus zapatillas, denunciando la represión que el gobierno chino ejerce sobre ciertas regiones y etnias, entre ellas de la minoría uigur, víctima de trabajo forzado en el gigante asiático.

A este respecto, acaba de entrar en vigor la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, por la que Estados Unidos prohíbe la importación de productos manufacturados en Xinjiang, hogar de los uigures, por considerarlos susceptibles de contener trabajo forzado uigur. La guerra del algodón ha comenzado.

Los uigures son una minoría étnica musulmana originaria de la región de Turquestán Oriental. La mayor parte de los uigures habitan en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, pero también se encuentran asentados en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán.

Xinjiang ha sido tradicionalmente un foco de tensión étnica. Las desigualdades entre los uigures y la etnia han (que constituye el 92 % de la población china y aproximadamente el 20 % de la población mundial), los intentos de asimilación cultural del gobierno chino y las históricas reivindicaciones de autonomía del Turquestán Oriental han sido algunos de los detonantes de esta confrontación.

Estas tensiones se recrudecieron tras la ola de atentados en China entre 2013 y 2014. A pesar de que ningún grupo los reivindicó, el gobierno chino los atribuyó a separatistas uigures y prometió acabar con el radicalismo islámico. Este es precisamente el argumento que esgrimen las autoridades chinas para justificar los programas de reeducación y asimilación cultural.

El pretexto de la desradicalización sirve así para obtener mano de obra semiesclava al servicio de la economía china y para justificar una vigilancia intensiva y una pérdida de libertades a todos los niveles.

Represión y reeducación

En la actualidad, los uigures están sometidos a una fuerte represión por parte del gobierno chino. La región de Xinjiang está altamente militarizada y la población está sometida a uno de los niveles de vigilancia más restrictivos del planeta.

La toma de datos biométricos y el uso de software de reconocimiento facial son solo algunas de las medidas de control utilizadas en la zona por las autoridades chinas. Ante cualquier signo “sospechoso” (llevar barba, comunicarse con parientes en el extranjero o realizar actividades online no autorizadas como el uso de WhatsApp), los uigures son sometido a un proceso de reeducación orquestado por el Estado.

Se estima que entre 1 y 3 millones de uigures han sido recluidos en campos de internamiento en los que se intenta borrar sus señas identitarias uigures y someter a esta etnia al dominio de la mayoría Han.

Pese a que el gobierno chino anunció en 2019 el cierre de estos centros vocacionales y de formación, Amnistía internacional ha denunciado prácticas como adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y asimilación cultural forzada en el seno de estas instalaciones.

De Xinjiang a Occidente

La dramática situación de los uigures ha trascendido a la opinión internacional por el supuesto empleo de trabajo forzado uigur en las cadenas de producción de muchos de los bienes que se consumen en Occidente, particularmente productos textiles.

Tras una queja presentada en 2021 por diversos colectivos de derechos humanos, cuatro multinacionales del sector de la moda están siendo investigadas por la justicia francesa por la presunta presencia de trabajo forzado chino en sus cadenas de producción.

El escándalo salpicó en 2021 a numerosas empresas textiles. La presión de ONG, organismos supranacionales y consumidores, llevó a algunas de estas compañías a emitir comunicados sobre su condena a las prácticas de trabajo forzado.


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Los consumidores chinos reaccionaron a esta acción llamando al boicot. En las televisiones chinas se llegó a pixelar los logos de las marcas y, ante el temor a perder el importante mercado chino, algunas de marcas retiraron sus comunicados de condena.

Las multinacionales se han visto obligadas a posicionarse y elegir mercados. Esto puede contribuir al proceso de desglobalización al que apuntan algunos analistas. El tema es controvertido pues involucra a muchos agentes.

Se cree que el gobierno chino promueve la esclavitud laboral a la que están sometidos los uigures, a los que se desplaza forzosamente a miles de kilómetros de sus hogares para ser integrados en las cadenas productivas.

Por su parte, el Estado alega que estas prácticas forman parte de un plan de erradicación de la pobreza que ofrece empleos remunerados a los habitantes de zonas rurales y a las minorías étnicas, con el fin de mejorar su calidad de vida a la vez que cubre la demanda de mano de obra en ciertas regiones y sectores.

Se cree que predomina la explotación de trabajadores uigures en los sectores de cultivo y manufacturas de tomate, producción de polisilicio, fabricación de componentes electrónicos y, principalmente, cultivo del algodón y producción de manufacturas textiles.

Un informe del think tank australiano ASPI señala que más de 80 firmas internacionales de electrónica, automoción y moda se benefician directa o indirectamente de la explotación de los uigures.

Debido a la opacidad y las dificultades de monitorización, hay una gran incertidumbre sobre la cifra exacta de uigures en estas condiciones. Según estimaciones del investigador Adrian Zenz, solo en el cultivo de algodón en Xinjiang hay al menos 570 000 uigures trabajando en condiciones no voluntarias.

¿Cómo detener estos abusos?

La reacción de los gobiernos occidentales no se ha hecho esperar. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia participaron en el boicot diplomático a las Olimpiadas de Invierno de Beijing (2022), promovido por distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos para denunciar la situación de los uigures y otras minorías.

En 2021, la cámara británica calificó de genocidio la situación de los uigures en Xinjiang y, en enero de 2022, la Asamblea Nacional francesa siguió sus pasos.

Quizás la acción más contundente ha sido la llevada a cabo por Estados Unidos a través de la aprobación, en 2021, de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur que entró en vigor el 21 de junio de 2022.

De acuerdo a esta ley, se prohíben todas las importaciones manufacturadas total o parcialmente en la región de Xinjiang por considerarse susceptibles de contener trabajo forzado, salvo que el proveedor demuestre lo contrario.

También se bloquean las importaciones procedentes de otras regiones chinas, o incluso de terceros países, sospechosas de contener trabajo forzado de Xinjiang a lo largo de su cadena productiva.

El carácter rupturista de esta medida ha generado una alta expectación. En un contexto en el que la escasez de materias primas y los cuellos de botella han generado grandes dificultades al comercio mundial, se especula acerca de la magnitud de los efectos que esta ley pueda tener en las cadenas globales de producción, complicando aún más las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y China./ IPS - Artículo de opinión de Ángela García Alaminos y Jorge Enrique Zafrilla Rodríguez, investigadora y profesor de la española Universidad de Castilla-La Mancha.