La oposición boliviana alista su maquinaria para una huelga nacional este jueves tras la decisión del Tribunal Electoral Boliviano (TSE) de habilitar al presidente Evo Morales para postularse a un cuarto mandato consecutivo (2020-2025), lo que avivó temores de que Bolivia se convierta en una "nueva Venezuela".

La influyente Iglesia católica fue la primera en reaccionar: "el TSE no ha actuado como poder autónomo, poniendo en duda las bases de la democracia y abriendo un futuro incierto para los bolivianos", advirtió en un comunicado.

El TSE dio luz verde la noche del martes al izquierdista Morales, en el poder desde 2006, para presentarse a las elecciones primarias de enero próximo, una condición ineludible para participar de las presidenciales de octubre de 2019 para el período constitucional 2020-2025.

El tribunal también habilitó otras candidaturas, como la de los opositores Carlos Mesa, Oscar Ortiz, Jaime Paz Zamora y Víctor Hugo Cárdenas, aunque solo sobre la de Morales pesaba una objeción de inconstitucionalidad presentada por la oposición.

"Debilitamiento inconstitucional"

La decisión del máximo tribunal electoral configura un escenario político complicado, según el sociólogo y analista político Carlos Borth, pues muestra que está sometido al control del gobierno y pone en tela de juicio su idoneidad para administrar con transparencia el plebiscito presidencial venidero.

"Esta decisión del Tribunal confirma que el proceso electoral no tiene un árbitro imparcial y esto es lo más serio para la democracia boliviana", afirmó a la AFP.

Para Borth, todo esto puede devenir en "un debilitamiento institucional y que nos acerquemos peligrosamente en lo político a lo que sucede en Venezuela y Nicaragua", donde sus presidentes Nicolás Maduro y Daniel Ortega soportan una fuerte oposición.

 Crimen contra la democracia

Los principales líderes de la oposición expresaron de manera coincidente su preocupación sobre los derroteros de la democracia boliviana, sobre todo, porque Morales perdió en 2016 un referendo, que él mismo impulsó, para pedir el parecer del pueblo para postularse nuevamente.

Pese a ese resultado de las urnas, el oficialismo logró que a fines de 2017 el Tribunal Constitucional diera luz verde a Morales para postularse nuevamente, arguyendo que se trata de un derecho humano.

El poderoso gobernador de Santa Cruz (este), Rubén Costas, anunció que "presentaremos ante los organismos internacionales pertinentes las acciones legales necesarias para que este ultraje a la ciudadanía boliviana no quede impune", mientras que el candidato de su partido (Demócratas) Oscar Ortiz ya presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para el también opositor Víctor Hugo Cárdenas la resolución del TSE es "un crimen político contra la democracia" y convocó a más "movilizaciones" callejeras para hacer patente el rechazo a la nueva postulación de Morales.

- Marchas y huelgas -

Por su parte, colectivos ciudadanos protagonizan caminatas por carreteras hacia La Paz y comités cívicos labran a todo vapor una huelga que se cumpliría en al menos seis de los nueve departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y Potosí).

"Pararemos para hacer respetar el voto y porque queremos vivir en democracia", afirmó el líder del influyente comité civil de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, quien insistió en que la protesta es para que se cumpla el referendo de 2016 que rechazó una nueva candidatura de Morales.

Para intentar frenar que las protestas opositoras aumenten en fuerza, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y sindicatos pro-oficialistas anunciaron que cerrarán filas a favor de Morales.

"Vamos a defenderlo (a Morales), él ha sido proclamado por los trabajadores, vamos a defenderlo hasta el último, porque es el candidato de los trabajadores", afirmó Vicente Pacosillo, dirigente de un sindicato de fabriles.

El gobierno llamó, por separado, a que las protestas se realicen en un marco democrático y de paz.