Operaría para cinco países, lo que tanto demócratas como organizaciones sociales califican de discriminación

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El presidente estadounidense, Donald Trump, está considerando ampliar la prohibición migratoria implementada en 2017, una cuestión que ha sido fuertemente criticada por miembros de la oposición demócrata, así como por activistas y expertos. Se estima que el Ejecutivo implementará el veto migratorio a cinco países de mayoría musulmana.

La posible expansión de la prohibición migratoria se da a solo unos meses de las elecciones estadounidenses en las que el presidente Trump es candidato y en medio del juicio político que, en su contra, promovió la oposición liderada en la Cámara de Representantes por la líder demócrata, Nancy Pelosi. El proceso formal arranca el martes en el Senado, donde la mayoría es republicana.

El debate respecto a esta intención del Ejecutivo surgió por la divulgación de un documento en la Casa Blanca, la semana pasada. Este muestra el plan de la ampliación del veto migratorio y estima que la fecha de implementación de la política coincidirá con el aniversario de la primera ley antimigratoria en la Administración Trump: enero de 2017. Los países que serán agregados al veto están tachados en negro en el documento. 

El último cambio que se hará a la prohibición migratoria, cinco países de mayoría musulmana serán vetados: Irán, Somalia, Libia, Yemen y Siria. De igual forma fue extensivo a ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte.

Fuentes de la Casa Blanca han dicho también que los cambios posiblemente incluirán a más países que se tenían en mente con anterioridad. En esa primera decisión, meses atrás, la lista de naciones se redujo y es por ello que muchos nacionales han podido, aún pueden, entrar a territorio estadounidense. La razón de este cambio en la política migratoria implementada por Donald Trump fue que la Corte no aprobó el documento completo cuando fue le presentado, en 2017. 

Los cambios en esta política fueron sugeridos inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tras realizar la revisión de determinados protocolos de seguridad y los que coincidieron con la crisis diplomática con Irán. Es por ello que se podría afirmar que Washington aprovecha tal coyuntura crítica con Teherán Irán para argumentar la necesidad del mencionado veto.

La coyuntura política se generó porque el pasado 3 de enero Estados Unidos realizó un ataque usando un dron para dar muerte al general Qasem Soleimani, uno de los principales jefes de los Guardianes de la Revolución del régimen iraní del presidente Hasán Rohani. Tras el ataque, la confirmación de la muerte del alto mando militar así como que la orden provino del propio presidente Trump, Teherán anunció que tomaría represalias contra Estados Unidos. 

El 6 de enero, Washington retuvo en terminales aéreas y terrestres por más de 10 horas a ciudadanos Iraníes o con ascendencia iraní que estaban regresando desde Canadá. En las horas que fueron retenidos, los iraníes fueron interrogados por oficiales de inmigración estadounidenses acerca de sus posiciones políticas, de su perspectiva respecto a la muerte de Qasem Soleimani y sobre si tenían parientes que trabajan con servicios militares iraníes. A algunos de ellos se les negó la entrada a Estados Unidos. 

Ahora la administración Trump aboga por la ampliación del veto migratorio como una precaución a tomar en materia de seguridad nacional.

En tal sentido, Hogan Gidley, portavoz de la Casa Blanca ha anunciado que: "La prohibición de viajar ha tenido mucho éxito en proteger nuestro país y elevar la línea de base de seguridad en todo el mundo… Si bien no hay nuevos anuncios en este momento, el sentido común y la seguridad nacional dictan que si un país desea participar plenamente en los programas de inmigración de los EE. UU., También deben cumplir con todas las medidas de seguridad y lucha contra el terrorismo, porque no queremos importar terrorismo o cualquier otra amenaza a la seguridad nacional en los Estados Unidos"

Varios representantes del Partido Demócrata han expresado su inconformidad debido a la política a implementar. “¿Qué tienen en común 5 de 7 de estos países? Son países de mayoría musulmana que el presidente ya intentó vetar”, tuiteó Ilhan Omar. Rashida Tlaib, por su parte, escribió: “No más espera. Muchos musulmanes han sido atacados intencionalmente, discriminados, separados de sus familias y se les han negado oportunidades únicamente por su fe. ¡Racismo puro!” 

Desde la perspectiva de los miembros del partido político, el veto migratorio es una herramienta para discriminar y para dificultar aún más la vida de los musulmanes. Es una política que busca dividir a la población y seguir proclamando el discurso islamófobo propiciado por la Administración desde el inicio. La mayoría de organizaciones pro-migración y que abogan por las minorías y los derechos de éstas y de los estadounidenses, concuerdan con lo anterior.  

Uno de los principales puntos del Presidente Donald Trump durante su campaña presidencial en 2016 fue vetar a todos los musulmanes la entrada a Estados Unidos. Se cree que la implementación de la nueva prohibición migratoria puede estar siendo impulsada, en parte, debido a los comicios estadounidenses el 3 de noviembre de este año y en los cuales el líder republicano se juega la reelección. 

Organizaciones de Derechos Civiles en todo el país se han pronunciado en contra del veto migratorio y han pedido a la Cámara de Representantes aprobar en “No Ban Act”, una ley que obligará al Ejecutivo a argumentar las razones para implementar prohibiciones migratorias. 

En caso de ser aprobada, esta ley limitará el poder presidencial para vetar inmigrantes y dejaría en manos del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, determinar si existe una necesidad de vetar la entrada de determinadas personas o comunidades en el caso que representen una amenaza para la seguridad nacional o para los ciudadanos estadounidenses.

De igual manera, antes de implementar las restricciones, tanto el Departamento de Estado como el de Seguridad Nacional, deberán consultar con el Congreso, máximo 48 horas después de la implementación del cambio en la política migratoria si ésta debe mantenerse o no.

*Internacionalista de la Universidad Javeriana