CON la promesa de atacar la corrupción, contener los altos índices de pobreza y devolver a los ciudadanos la confianza en el gobierno, tras unos cuatro años de un impopular y muy cuestionado gobierno de Jimmy Morales, asumió la presidencia de Guatemala el médico derechista Alejandro Giammattei.

De 63 años, fue juramentado, en presencia de varios jefes de Estado invitados, como el 51° presidente de Guatemala, puesto que alcanzó en su cuarto intento al vencer en un balotaje en agosto a la exprimera dama Sandra Torres, quien posteriormente fue arrestada por un caso de financiamiento ilícito en su campaña de 2015.

De carácter fuerte, Giammattei, quien ganó notoriedad como director de las cárceles públicas entre 2006 y 2007, prometió en campaña atacar la pobreza, que asegura ha "conocido de cerca", y que espera reducir a 25% para 2032.

La pobreza afecta a 59,3% de los 15 millones de habitantes en Guatemala y es uno de los factores que impulsan la migración ilegal de miles de guatemaltecos cada año a Estados Unidos.

Para alcanzar sus objetivos, Giammattei le apuesta al Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que tiene como pilares la economía, competitividad y prosperidad, el desarrollo social, la gobernabilidad y la seguridad.

El nuevo presidente tiene como reto revivir la lucha contra la corrupción que no pudo liderar Morales. El presidente saliente fue electo en 2015 cuando el país atravesaba una crisis por revelaciones de un fraude en las aduanas dirigido por el entonces mandatario Otto Pérez (2012-2015), que generó el rechazo popular a los políticos tradicionales.

Pérez renunció en setiembre de 2015, cuatro meses antes de que terminara su mandato, y actualmente guarda prisión a la espera de un juicio.

Los guatemaltecos vieron en Morales, ajeno a la política y conocido por sus actuaciones en la televisión, como la persona que atacaría la corrupción, pero su gestión se caracterizó por pugnas contra la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Cicig, dirigida por el exjuez colombiano Iván Velásquez, ayudó a la fiscalía a destapar el caso de Pérez y otros procesos que involucraron a Morales y sus familiares, así como a poderosos empresarios considerados intocables.

Morales, al denunciar que la Cicig estaba sobrepasando sus funciones, se negó a pedir a la ONU una ampliación del mandato de la misión, que cerró sus puertas en setiembre pasado tras 12 años de labores.

El activista Aldo Dávila, el primer diputado abiertamente gay, indicó que la expectativa es que Giammattei no repita las acciones de Morales, a quien llamó un "ser oscuro" que "estuvo siempre del lado de la corrupción y de la impunidad".

"Desearía que en cuatro año estemos diciendo que fue un buen gobierno", declaró Dávila durante una caminata al Congreso junto a otros activistas de la comunidad LGTBI.

Álvaro Montenegro, activista del colectivo Justicia Ya, precisó que Guatemala vivió un movimiento popular anticorrupción "sin precedentes", impulsado por el trabajo de la Cicig de Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana, con más de 100 investigaciones de corrupción de "alto perfil" y 660 personas procesadas.