Una decena de organizaciones humanitarias y de defensa de los inmigrantes de origen latinoamericano expresaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, su profunda preocupación por la situación de las miles de personas que integran la así llamada Caravana Migrante, que partió el 13 de octubre pasado desde San Pedro Sula, en Honduras, atravesó México y se encuentra ahora en la ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, país que les negó el ingreso a su territorio.

Los migrantes, cuyo número fue creciendo a lo largo del camino hasta alcanzar los cerca de 7.000 integrantes, incluidos muchos menores, recogieron firmes muestras de solidaridad pero también padecieron todo tipo de atropellos y agresiones en su recorrido a través de Guatemala, El Salvador y México, incluidas expresiones de racismo y xenofobia y una respuesta estatal en estos países que fue principalmente “represiva y no humanitaria”, según recabaron las organizaciones de la sociedad civil.

Casi dos meses después de su partida, esas formas de hostigamiento continúan aún, denunciaron hoy las organizaciones durante una audiencia pública convocada de oficio por la CIDH para evaluar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de la caravana.

Pero a estos padecimientos se agregan hechos de violencia de los que fueron víctima los migrantes por parte de organizaciones criminales, abusos ejercidos por las fuerzas de seguridad de los países que atravesó la caravana, así como detenciones masivas arbitrarias y deportaciones irregulares.

Todo esto se produjo en un contexto hostil y de criminalización que motivó, y motiva todavía, agresiones reiteradas sin que a los integrantes de la caravana se les brinde la protección necesaria, denunciaron las organizaciones. “Se puso en riesgo la integridad física de los migrantes”, sostuvo Mariana Zaragoza, del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.

De la audiencia en la capital norteamericana, convocada en el marco del 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana, participaron, entre otros, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Human Rights Adviser Alianza Américas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y Marlene Alejos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

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Las organizaciones coincidieron en calificar de “dramática” la situación y urgieron a los Estados a tomar medidas de manera urgente. Entre estas medidas, Claudia León, del Servicio Jesuita al Migrante, enumeró en representación de la sociedad civil una lista de peticiones que incluyó “visitas in situ a distintos puntos de las fronteras” entre los países involucrados, incluido Estados Unidos, así como a los centros de detención, a los que calificó como “espacios de privación de libertad”.

León reclamó también atención a las medidas cautelares presentadas a favor de los migrantes y que los Estados “asuman su obligación” de proteger tanto a sus ciudadanos como a las personas en tránsito por sus territorios y que sean tramitadas sin dilación las peticiones de asilo presentadas por los migrantes, garantizando además la unidad familiar de los integrantes de la caravana.

A su vez, Alejos destacó la necesidad de modificar el “enfoque de seguridad” que los países involucrados le dieron a la problemática migratoria y que “lleva a los migrantes a la clandestinidad”. Denunció en este sentido cierres fronterizos y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en las fronteras, incluido el uso de “gases lacrimógenos por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos para evitar el ingreso de migrantes desde Tijuana”.

Las otras organizaciones presentes en la audiencia fueron el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Servicio Jesuita de Migrantes México y Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF), quienes compartieron la audiencia con los comisionados de la CIDH.

La CIDH ya había expresado en varias oportunidades su “preocupación” por las reacciones oficiales tanto en los países que atravesó la caravana como en Estados Unidos, el país de destino, donde un mes atrás la Comisión observó con inquietud los “pronunciamientos de autoridades estadounidenses categorizando a la caravana como una amenaza a la soberanía y a la seguridad nacional y afirmando que este movimiento de migrantes y solicitantes de asilo incluye a muchos criminales”.