La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, envió este miércoles al Congreso un proyecto de ley para convocar a elecciones generales, un mes después de los comicios del 20 de octubre que marcó el estallido de manifestaciones violentas que dejan 32 fallecidos.

"Este proyecto puede ser perfectible, quisiéramos, como gobierno, que se lo considere como un documento base para generar un consenso nacional", afirmó la mandataria en una conferencia de prensa. 

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, explicó luego que el deseo del poder Ejecutivo es la aprobación de la ley por parte del Parlamento a la brevedad posible, con el fin de elegir en un plazo máximo de 15 días nuevas autoridades electorales, quienes definirán posteriormente la fecha de las comicios generales.

La futura norma -aclaró- significa "declarar nulidad de elecciones del 20 de octubre", en las que salió ganador el exmandatario Evo Morales, tras un polémico proceso de recuento de votos. 

Una comisión de auditoría de la OEA informó el pasado 10 de noviembre que encontró "irregularidades" en el conteo de votos, lo que gatilló la renuncia ese día de Morales (en el poder desde 2006) tras casi tres semanas de protestas en todo el país contra un cuarto mandato previsto de 2020 a 2025.

Morales se asiló desde el 12 de noviembre en México.

Según el titular de Justicia, el primer paso es que el Parlamento apruebe la ley para elegir a nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y nueve tribunales departamentales (TDE). 

Los nuevos ministros del TSE serán los encargados de definir la fecha de los comicios para elegir al presidente, vicepresidente y renovar la totalidad de 130 diputados y 36 senadores.

La norma, según el gobierno, es de carácter prioritario, para descomprimir la violencia social que dejó en el último mes 32 fallecidos.

El excandidato derrotado por Morales en las anuladas elecciones, Carlos Mesa, quien anticipó que volverá a postularse, señaló que si el Parlamento, controlado por el partido de Morales, dilata el tema, entonces Áñez debería emitir un decreto para convocar a plebiscito.