Gobiernos de varios países se movilizaron, unos para aclarar sus negocios y otros para mitigar los daños de la difusión de millones de documentos que muestran que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales presuntamente para esconder cientos de millones de dólares.
Una treintena de gobernantes y exgobernantes aparecen en los 11,9 millones de documentos filtrados por compañías de servicios de todo el mundo y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en cientos de medios. Los informes revelan desde corrupción a lavado de dinero y evasión fiscal.
Aunque en muchos países no es ilegal guardar activos en el exterior o utilizar empresas de fachada, las revelaciones abochornan a gobiernos que aplican planes de austeridad o dicen luchar contra la corrupción
El presidente ruso, Vladimir Putin, no sale mencionado, pero sí relacionado a activos secretos en Mónaco, especialmente a una residencia comprada a una rusa que supuestamente era su amante. "Estos son denuncias sin fundfamento", dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
Jordania también salió al cruce de la revelación de que su rey Abdulá II creó una red de compañías offshore y refugios fiscales para cobijar un imperio de propiedades desde California a Londres.
El palacio real dijo que los informes son tergiversados y que las propiedades fueron compradas con la fortuna propia del monarca y eran utilizadas para visitas privadas y oficiales. Añadió que toda vinculación de esos bienes privados con fondos o ayudas públicas "son infundadas".
La investigación reveló casi un millar de empresas en paraísos fiscales y mencionó a 336 políticos de alto nivel; lo que incluye a más de una docena de jefes de estado o de gobierno actualmente en funciones, ministros, embajadores y otros.
Más de dos tercios de la empresas fueron registradas en las británicas Islas Vírgenes.
Latinoamérica
Los medios chilenos CIPER y LaBotEl informaron que el presidente Sebastián Piñera vendió en Islas Vírgenes una minera a un amigo personal prometiendo facilidades ambientales. La operación fue en 2010 cuando apenas llevaba nueve meses de su primer mandato.
El presidente Piñera rechazó un conflicto de interés en la venta de la Minera Dominga por parte de la empresa de sus hijos. Agregó que no tuvo conocimiento de ese negocio porque antes de su primera presidencia (2010-2014) puso la administración de sus activos bajo fideicomisos ciegos.
"La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga en el 2010, lo cual no me fue informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés, el no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés", dijo Piñera.
Por su parte el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, fue vinculado con dos sociedades en Panamá creadas antes de asumir, según Noticias Sin.
"Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo", reseñó el diario español El País.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, controló 14 sociedades offshore, la mayoría creadas en Panamá, y las clausuró cuando el gobierno izquierdista de Rafael Correa prohibió a los candidatos presidenciales tener activos empresas en paraísos fiscales.
Lasso insistió ayer que ha declarado todos sus ingresos y pagado los impuestos correspondientes lo cual, dijo, lo convirtió en "uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país".
La investigación también incluye los nombres de 11 exmandatarios latinoamericanos: los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo y el paraguayo Horacio Cartes.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, también aparece en los documentos.
Las revelaciones abarcan a la familia y socios del presidente de Azerbaijan, Ilham Aliyev, quien supuestamente escondió cientos de millones de dólares en Gran Bretaña.
Y, según, el informe el primer ministro checo Andrej Babis - quien enfrenta una elección esta semana- no declaró la creación de una firma offshore para comprar un castillo de USD22 millones de dólares en el sur de Francia.
"Nunca hice nada ilegal", aseguró en Twitter y dijo que las acusaciones son una campaña de difamación contra él y contra su partido, el ANO ("Sí", centro), que lidera en los sondeos para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre.
Dos millones de documentos son de la firma panameña Alcogal que según el ICIJ, fue "un imán para los ricos y poderosos" que querían esconder su fortuna. Pero dicha firma negó las acusaciones de negocios oscuros.