Ecuador sigue la tendencia en la región con el dictamen contra el expresidente, por el supuesto financiamiento de la constructora brasileña a su campaña presidencial de 2013

______________

EL JUEVES, en un capítulo más de Odebrecht en la región, la justicia de Ecuador dictó prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, aún asilado en Bélgica, en el marco de la investigación por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral a cambio de contratos con el Estado.

La jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional de Justicia “acoge pedido de #FiscalíaEc y dicta prisión preventiva para Rafael C. (Correa)”, informó la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter el jueves en la noche.

Se trata de coimas por un total de US$40 millones, sobre los US$33,5 millones estimados inicialmente. Según la Fiscalía, hay 22 detenidos y 24 causas abiertas por asociación ilícita, captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Lea también: Declaran nulo el contrato de la Ruta del Sol II

Por el caso denominado “sobornos 2012-2016”, antes conocido como “arroz verde”, también recibieron orden de prisión el ex vicepresidente Jorge Glas -que cumple una condena de seis años de cárcel por recibir coimas por 13,5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht- y otros tres exfuncionarios, entre ellos ministros del gobierno de Correa.

El reemplazo de Glas, Alejandra Vicuña, también fue condenada a seis años de cárcel por recibir sobornos por 13,5 millones de dólares de la constructora brasileña.

La ex vicepresidenta “habría recibido dinero, de forma irregular, por parte de excolaboradores” para financiar su organización política cuando se desempeñaba como asambleísta por el partido oficialista Alianza País, indicó el ente acusador en un comunicado.

Tres delitos

El exmandatario y los demás implicados son investigados por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, y enfrentan una pena de hasta 15 años de cárcel, según la Fiscalía. Correa puede ser juzgado en ausencia por estas causas.

Otras 17 personas, para quienes la Fiscalía pidió la prohibición de salida del país, también están implicadas en la investigación que surgió a raíz de la divulgación de un reporte periodístico. La publicación llevó a la detención de dos funcionarias del gobierno de Correa (2007-2017) que habrían gestionado la entrega de dinero de empresas privadas, entre ellas Odebrecht, para la campaña presidencial de 2013.

En 2013, Alianza País -partido del que Correa se desafilió en medio de pugnas con su exaliado el presidente Lenín Moreno- ganó la elección presidencial con el binomio conformado por Correa y Glas.

De acuerdo con la Fiscalía, empresarios o intermediarios entregaban dinero a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado. La fiscal general, Diana Salazar, vinculó al exgobernante por un depósito de 6.000 dólares en su cuenta personal que fue realizado por una persona que trabajaba con su exasesora, indagada por gestionar la recolección del dinero de empresas.

El exgobernante se defendió en Twitter y alegó que ese dinero era de un préstamo que recibió en 2015. “Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado US$6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo”, escribió en la red social.

Otros funcionarios

La semana pasada la justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva y el uso de un dispositivo de vigilancia contra un secretario y una ministra del gobierno del expresidente Rafael Correa, implicados en una investigación por el supuesto financiamiento de empresas, entre ellas Odebrecht, a la campaña presidencial de 2013.

La jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional de Justicia “ordenó la prisión preventiva en contra de Alexis M. (Mera)”, exsecretario jurídico de la presidencia, y el “uso del dispositivo de vigilancia electrónica” para María de los Ángeles Duarte, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Duarte, quien fue ministra de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Correa, también tiene prohibido salir del país y debe presentarse periódicamente ante la justicia.

Ambos exfuncionarios fueron detenidos la víspera en la ciudad de Guayaquil (suroeste) y son “procesados por el presunto delito de concusión”, que se castiga con hasta cinco años de cárcel, agregó el ente acusador.

Camacho también dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes por un valor de 3,5 millones de dólares para Mera y de 2,5 millones de dólares para Duarte.

La Fiscalía, que indaga los presuntos aportes ilegales recibidos por el movimiento oficialista Alianza País, señaló que entre 2012 y 2016 Mera y Duarte “abusando de sus cargos públicos” y a través de terceros “exigían dinero a personas jurídicas, como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado”.

El caso denominado “Arroz Verde” se conoció por la divulgación de un reporte del portal La Fuente. Por esa publicación, están detenidas otras dos funcionarias del gobierno de Correa.

En el artículo se detalla que funcionarios del gobierno de Correa, entre ellos Mera, Duarte y el ex vicepresidente Jorge Glas, recibieron aportes por 11,6 millones de dólares para financiar la campaña de 2013 por parte de empresas privadas como Odebrecht.

Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación para revisar los informes económicos del oficialismo -del cual Correa se apartó en 2018- desde 2012 a 2016.

Su desvinculación se produjo en medio de una pugna de poder con su sucesor y exaliado, el presidente Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente entre 2007 y 2013.

En 2013, Alianza País ganó la elección presidencial con el binomio conformado por Correa y Jorge Glas, quien fue reelegido en 2017 junto a Moreno, pero perdió su cargo en 2018 al estar encarcelado. El excontralor Carlos Pólit, ahora prófugo, fue condenado a seis años de cárcel por concusión, mientras que un exministro recibió cinco años de pena.