REAJUSTE al salario mínimo, a las pensiones, reducción de la jornada laboral, profundos cambios en la reforma tributaria, reversazo al alza en el pasaje del metro y baja en las tarifas eléctricas. Estas son tan solo algunas de las medidas que el gobierno de Sebastián Piñera adoptó con el de acabar el estallido social, que estalló hace tres semanas.

Cuando nadie lo pensaba y menos esperaba, el reajuste de $30 en el pasaje del metro fue la mecha que hizo estallar el polvorín del descontento social pero también del vandalismo. En unas pocas horas, el mundo fue testigo cómo en Santiago fueron destruidas no menos de 50 estaciones de este transporte masivo y algunos comercios se convirtieron en blanco de quemas y saqueos.

Desde ese 18 de octubre a hoy nada ha valido. Ni la fuerte condena de Piñera con “estamos en guerra”, tampoco su “mea culpa” por las crecientes desigualdades heredadas desde hace años, ni el viraje de su agenda de gobierno al plano eminentemente social.

El paso de los días y el aumento de la violencia fue develando un complicado y desorientador panorama no solo para el gobierno sino para la gran mayoría de los chilenos. Protestas diarias, muchas pacíficas pero otras degenerando en fuertes enfrentamientos con el ejército -al que se vio obligado Piñera a sacar a las calles para intentar controlar la situación- se volvieron diarias y a cada exigencia ciudadana, el Ejecutivo intentó, en vano, dar una solución que fuera satisfactoria para los manifestantes.

En medio de ello el presidente Piñera convocó a un diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar un pacto de unidad nacional que permitiera calmar los ánimos. Allí llegaron a la mesa con la propuesta de un cambio a la Constitución, a la que ven como única salida. Ella está sobre la mesa, el gobierno la considera pero quiere priorizar unos diálogos ciudadanos para tener claros lineamientos sobre las profundas reformas que reclaman.

Sin embargo la crisis se ha alargado y está por entrar en una cuarta semana, en una lucha desigual ya que mientras gobierno y dirigentes políticos dan la cara, bien sea para anunciar medidas o impulsar el diálogo, los convocantes a las calles no tienen líderes visibles y la tensión sube y baja al ritmo de likes y 'trending topics' en las redes sociales.

Ante esta situación y cuando las protestas ganan en violencia, se han perfilado como posibles un llamado a plebiscito, una nueva Constitución, la implementación de un proceso de diálogo ciudadano o, los más escépticos, a apostar al desgaste del movimiento. Y, son pocos los que se atreven a plantear una única solución.

Para la mayoría de los partidos de oposición, la opción más viable y rápida para desactivar la crisis es llamar a un plebiscito para que una nueva Constitución reemplace la que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Para muchos esa Constitución promovió la desconexión con la ciudadanía que hizo estallar la crisis.

Creada en dictadura y aprobada en 1980 en un plebiscito sobre el cual siempre hubo muchas dudas, una nueva carta fundamental es vista como una especie de nuevo punto fundacional sobre el cual establecer un nuevo orden social, más igualitario en Chile, uno de los países más desiguales de la región.

"La salida democrática es llamar a un plebiscito para una nueva Constitución", afirmó esta semana el  presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, poco después de la serie de anuncios que realizó el presidente Sebastián Piñera para aumentar el orden público, entre las que se contempla proponer leyes para sancionar a los encapuchados y a quienes realicen barricadas en las calles.

Para los partidos de gobierno, en cambio, los esfuerzos deben concentrarse en "satisfacer las demandas prioritarias, que son pensiones, medicamentos y sueldo mínimo", según comentó Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos cuando haya diferencias graves con el Parlamento. Entonces, para ejecutar esta consulta el presidente Piñera debería impulsar antes una reforma constitucional y presentarla ante un Congreso donde la oposición es mayoría.

Sin temas vetados

Cuatro días después de que arrancaron las primeras protestas, primero por el alza en la tarifa del metro, el mandatario anunció un paquete de 15 medidas, entre ellas aumentar -con subsidios- el salario mínimo hasta 350.000 pesos (466 dólares), bajar las tarifas eléctricas y aumentar las pensiones básicas.

Pero éstas fueron calificadas de insuficientes por opositores y manifestantes y no han logrado acallar las protestas, que siguen vivas en las calles de Chile, alcanzado incluso a barrios acomodados de Santiago.

Aunque Piñera se abrió esta semana, por primera vez, a una reforma Constitucional, su gobierno apuesta por la instauración de "diálogos ciudadanos", que se extenderían por unos dos meses.

Esa propuesta está en línea con la que hizo el mandatario francés Emmanuel Macron para hacer frente a la crisis social que se abrió con las demandas de los "chalecos amarillos", una situación que el propio Piñera evocó hace dos semanas. En Francia, se dieron reuniones de cabildos con autoridades locales y un diálogo directo del propio presidente con autoridades y ciudadanos.

"La próxima semana es nuestro desafío que empiece el proceso de diálogo con este formato, además, permitiendo que este debate llegue a todo el país", anunció el miércoles el ministro de Desarrollo social, Sebastián Sichel.

"No hay temas vetados; vamos a discutir todos los temas. Son los ciudadanos quienes ponen la agenda y parte importante de lo que le vamos a pedir al consejo directivo que va a dirigir este proceso de diálogo, es exactamente que defina la metodología pero sin veto de temas", agregó el funcionario.

Algunos más escépticos, sin embargo, creen que el gobierno apostaría por dilatar la entrega de respuesta, a la espera de desgastar y disolver al movimiento social, que sin tener hasta ahora interlocutores ha dado varias muestras de poder.

Por lo pronto, el país sigue sacudido y perplejo ante las sostenidas manifestaciones mientras el gobierno Piñera y los partidos no encuentran la fórmula para poner punto final a la crisis que se alarga, sin ver luz al final del túnel./