EN 139 días Daniel Ortega no ha podido frenar las manifestaciones en su contra. La sociedad civil permanece en las calles exigiendo un cambio de régimen en Nicaragua, mientras que las fuerzas policiales y los paramilitares han desatado una campaña de miedo que numerosos organismos internacionales ya calificaron de arbitraria e ilegal.

La crisis política no parece llegar a su fin luego de cinco meses y medio. La narrativa del régimen ha sido similar a la empleada por el chavismo desde que comenzaron las movilizaciones en su contra. A la mayoría de detenidos los han procesado por “terrorismo” y hasta ahora se ha decretado una serie de leyes que discrecionalmente tachan bajo esta calificativo a casi todo el que sea capturado en una marcha. Además, los juicios carecen del debido proceso, han dicho organizaciones internacionales.

Desde abril, “la máquina de muerte” de Ortega, como la llama la oposición, ha dejado cifras que consternan a la comunidad internacional. Estas varían dependiendo de quién las diga. Para la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humano (Apndh) más de 481 personas han muerto, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que Amnistían Internacional (AI) contabiliza 322 fallecidos. El Gobierno, por su parte, ha tenido diferentes versiones, que van desde 95 hasta 190.

La directora para las Américas de AI, Érika Guevara, en diálogo con Anadolu, hizo énfasis en que se han perdido vidas “en un contexto represivo, y es el Estado el principal garante y responsable de aquellas muertes”. “En Nicaragua se están cometiendo y se han cometido ejecuciones extrajudiciales realizadas por la Policía, pero también por grupos parapoliciales”, agregó.

Comunidad internacional

Por tercera vez en menos de cuatro meses, Nicaragua ayer tuvo un paro nacional con un condimento especial: una comunidad internacional que tiene los ojos puestos en el país.

El sábado, el régimen sandinista expulsó a la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU tras una orden del gobierno nicaragüense. Al respecto, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW), sentenció que “Ortega le toma el pulso a Michelle Bachelet, quien que asumirá en pocos días como Alta Comisionada para Derechos Humanos”.

La ONU criticó la decisión de Ortega de entorpecer cualquier investigación sobre violaciones a derechos fundamentales y convocó una sesión en el Consejo de Seguridad que tuvo lugar el miércoles pasado, en la que activamente participó la delegada de Estados Unidos Nikki Haley.

“No deberíamos sorprendernos. Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados del mismo paño corrupto. Ambos son estudiantes de la misma ideología fallida. Y ambos son dictadores que viven con miedo de su propio pueblo”, dijo Haley ante el Consejo de Seguridad.

En una declaración que contó con los votos necesarios, nueve, el Consejo declaró que no puede “ser un observador pasivo” ante una situación que sigue deteriorándose con “una erosión sistemática de los derechos humanos”.

La ONU, con base en el principio de la diplomacia preventiva, dejó claro que puede hablar sobre la crisis de Nicaragua porque representa una amenaza a la estabilidad regional, algo que venía pidiendo hace meses la oposición de ese país.

Tercer paro

Esta semana los líderes universitarios Edwin Carcache y Alejandro Centeno fueron detenidos por presuntas acciones terroristas. Tras conocerse su captura, la Alianza Cívica, liderada por estudiantes, convocó a un paro nacional este miércoles, el tercero en cuatro meses. “Nicaragua necesita una salida pacífica urgente a través del diálogo. Necesitamos vivir con seguridad, sin secuestros, sin presos políticos (…) Es por eso que convocamos a un paro nacional”, dijo la Alianza.

El cese de actividades, que duró 24 horas, contó con el respaldo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) –el más grande del país- y otros gremios que se sumaron a esta iniciativa para reanudar el diálogo nacional y, eventualmente, buscar una salida de Ortega.

La mayoría de los 20.000 negocios en el Mercado Oriental, mayor centro de compras del país, amanecieron con las puertas cerradas, con pocas personas caminando o limpiando las calles, constató la AFP.

En las anteriores oportunidades, el paro fue un éxito. El 14 de junio, dos meses después de la primera movilización contra Ortega, cesaron actividades numerosos sectores, reportó El Nuevo Diario, de Managua.

Logrando llevar al gobierno a la mesa de diálogo, sectores opositores celebraron esta medida hasta el rompimiento de las tratativas. Un mes después, el 14, se convocó a otro paro que el sector privado estimó en un 90% de parálisis. “Eso demuestra esa solidaridad, esa unión, ese abrazo que tiene el sector empresarial y sus colaboradores, con lo que se está haciendo por esa justicia y democratización que requiere (Nicaragua)”, apuntó el presidente del Cosep en esa oportunidad.

La unión entre el sector privado y la Alianza es cada vez más fuerte ante un gobierno que se aísla a nivel local e internacional. Ortega hasta el momento no ha dado ninguna señal de diálogo y ha reiterado que todo esto se trata de una política intervencionista de Estados Unidos.

Luego de cumplir casi medio año, la inestabilidad política en Nicaragua se mantiene. Entre juicios y detenciones ilegales y discursos “anti-intervención”, las partes no han reactivado el diálogo. Existen, por tanto, tres caminos para desatar el embudo, según el portal Bacalnica.

Las opciones van desde la presión incesante de la comunidad internacional para que se adelanten elecciones, una serie de plantones en El Carmen -principal plaza de Managua- hasta, que “los sandinistas se den cuenta que “Ortega” no inventó el Frente Sandinista de Liberación Nacional y se lo quiten de las manos”.

La tercera y segunda opción son difíciles ante un régimen, como en Venezuela, gobernado por los militares. La primera, sin embargo, toma fuerza. La comunidad internacional se activó esta semana y, pese a China y Rusia, parece dispuesta a actuar.