Ante prohibición gubernamental de hacerlo en calles, opositores a Ortega realizan plantones en esos lugares.

Luego de la prohibición de marchar en las calles, los nicaragüenses optaron por hacer plantones en los centros comerciales, que fueron militarizados por el gobierno de Daniel Ortega.

Primero fueron las calles, luego las iglesias y, como último recurso, los centros comerciales. En todos estos espacios los nicaragüenses han protestado en contra del gobierno de Daniel Ortega, quien respondió y le ordenó a la Policía Nacional militarizar los principales centros comerciales de Managua, la capital.

La disposición alarmó a los visitantes, quienes vieron cómo los oficiales rondaban los pasillos y los “Food Court” (plazoletas de comidas) cargando sus fusiles de guerra, los mismos que han apuntado contra la población pacífica que ha protestado en las calles desde el pasado 18 de abril. “Fue una sensación de terror e incomodidad”, le dijo a la Agencia Anadolu un vendedor de una de las tiendas de Galerías Santo Domingo.

Fue allí donde estaba almorzando Leónidas Luque González el 14 de noviembre, cuando se quejó de la presencia policial en ese centro comercial, uno de los más concurridos de Managua. De acuerdo con los testigos, el joven dijo: “Ya ni en los centros comerciales puede uno estar tranquilo. ¡Viva Nicaragua libre!”. Al oírlo, los oficiales se abalanzaron encima de él. Lo golpearon, lo despojaron de su camisa, lo subieron a una patrulla policial y lo trasladaron a la Estación V de la Policía en Managua, donde persistieron los malos tratos, de acuerdo con sus familiares.

Los videos de la detención se hicieron virales en las redes sociales. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) criticó la detención de Luque, quien no había sido hallado en flagrancia cometiendo ningún delito y sobre quien no había ninguna orden de captura.

Tres días antes de la detención de este ciudadano, el 12 de noviembre, la Policía invadió los centros comerciales de Managua alegando que estaba ejecutando el “Plan Especial Nicaragua en Paz, Armonía y Buena Voluntad”. De acuerdo con la Policía, este plan “conlleva el fortalecimiento de acciones policiales preventivas, vigilancia y patrullaje en barrios, paradas, terminales de buses, parques, mercados, centros comerciales y destinos turísticos”.

Para el Cenidh, la presencia policial en los centros comerciales no responde a ningún plan en específico. De acuerdo con Gonzalo Carrión, director jurídico de ese organismo defensor de derechos humanos, la verdadera razón es la persecución de los ciudadanos que protestan contra el gobierno de Daniel Ortega.

Nuevos escenarios de protesta

Desde el 28 de septiembre, cuando la Policía Nacional consideró como ilegales las protestas pacíficas que se desarrollaban en las calles de Nicaragua, los opositores al Gobierno acudieron a nuevos escenarios de protesta.

En medio de la escalada de detenciones arbitrarias, los rebeldes que le plantaron cara por más de seis meses a las balas policiales y paramilitares del Gobierno decidieron trasladar sus protestas a las iglesias.

Pero luego la Iglesia católica les pidió a los ciudadanos que no se manifestaran en los templos, por lo que estos recurrieron a los centros comerciales.

Eran intervenciones cortas. Gritaban consignas por la liberación de los 400 presos políticos y pedían la salida del gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El efecto en las redes sociales fue contundente. Los piquetes se hacían virales con rapidez, por lo que el Gobierno nicaragüense envió a la Policía para que neutralizara las manifestaciones.

El gobierno de Ortega, luego de “limpiar” con “desproporcionada” fuerza policial y paramilitar la resistencia en su contra en las calles, militarizó el país. Centenares de antimotines montan guardia día y noche en las calles para evitar las protestas. Voceros del Gobierno han expresado que no permitirán más manifestaciones. Ante el cierre de los espacios públicos, los centros comerciales fueron vistos como el último reducto de expresión.

Asqueado de la presencia policial en Galerías Santo Domingo, Luque González se quejó en voz alta, hecho considerado como un delito por el gobierno de Ortega-Murillo.

María José Rodríguez, abogada del detenido, le dijo a la Agencia Anadolu que su cliente será procesado por el delito de “obstrucción de funciones” este 26 de noviembre.

La abogada de Luque González dijo  que “injustificado y arbitrario”. muerdo a la justicia del gobierno Ortega-Murillo. Rosario Murillo. Contestar en los "s y los cencondenó el proceso judicial. Según ella, el actuar policial dentro del centro comercial fue “injustificado y arbitrario”. “En este caso, ellos (la Policía) deberían pronunciarse y explicar por qué ingresaron a un centro comercial, cuando existía un pronunciamiento de la administración de Galería Santo Domingo, que informó que no solicitó la presencia policial”, dijo la jurista.

Por su parte, la administración de Galerías Santo Domingo publicó un comunicado en el que señala que no solicitaron la presencia de la fuerza pública. “Han causado preocupación y temor a nuestros inquilinos, visitantes y colaboradores, por lo que estas acciones no se han realizado con el consentimiento de los propietarios y administradores de este centro comercial”, dice el comunicado.

Junto a Luque González fue apresado otro joven, cuya identidad aún no ha sido establecida. Por lo pronto, los ciudadanos rebeldes buscan otro lugar de protesta.

Nicaragua vive momentos tensos antes de la Navidad. Los últimos siete meses han representado el peor baño de sangre en la historia de este país luego de la guerra de los años 90.

El gobierno Ortega-Murillo ha cerrado todas las vías a una posible solución consensuada a la crisis, y ordenó arrasar con el memorial de las 355 víctimas de la reciente crisis, quienes murieron a manos de policías y paramilitares, el cual fue reemplazado por adornos navideños.

La narrativa oficial insiste en “que todo ha vuelto a la normalidad”, mientras miles de nicaragüenses huyen hacia Costa Rica en busca de refugio, la economía sigue desplomándose y en los juzgados condenan a los manifestantes a 30 años de cárcel por los supuestos delitos de “golpismo y terrorismo”.