UNA nueva escalada de acciones para frenar el resurgimiento de protestas opositoras emprendió en las últimas semanas el gobierno de Daniel Ortega, según denuncian organizaciones humanitarias y analistas, en medio de presiones de la OEA y amenazas de sanciones de Estados Unidos.

Nicaragua vivió un estallido en abril de 2018 por una reforma al seguro social que se transformó en un llamado sostenido de la oposición a la salida de Ortega del poder. Los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se extendieron por meses dejaron entonces 328 muertos, cientos de encarcelados y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Las últimas dos semanas han visto una ofensiva contra los miembros de la oposición que intentan organizarse pacíficamente", denunció la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización no gubernamental dedicada a la promoción de los derechos humanos.

La persecución, según términos opositores, apunta contra cualquier manifestación contra el gobierno. Entre otras acciones, denuncian encarcelamiento de jóvenes que protestan gritando consignas antigubernamentales, cerco a templos religiosos por dar refugio a opositores y la detención de activistas por intentar proveer suministros a participantes de una huelga de hambre. 

A las fuerzas de seguridad se suman ataques de grupos simpatizantes del gobierno, como la incursión en templos religiosos.

La serie de embates coincide con los planes de oposición de reagruparse, tras años de divisiones que han facilitado a Ortega gobernar por 12 años, y el regreso del exilio de conocidas figuras críticas del gobierno, como el periodista Carlos Fernando Chamorro. 

De acuerdo con el analista y exdiplomático Hugo Rodríguez, la escalada en la "represión" responde a lo que el presidente nicaragüense ve como un avance de la oposición, a "una desesperación ante la posibilidad de que se produzca un nuevo desborde popular" como en el pasado reciente.

A juicio de Rodríguez, el mayor temor del mandatario es que una reactivación de las protestas pueda, con apoyo internacional, "desalojarlo de poder". Agregó que "Sabe que si los grupos sociales logran romper el muro de policías que impiden las marchas, ya no podrá detenerlas", indicó.

La esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha dicho que el gobierno no permitirá que las manifestaciones afecten la estabilidad del país, que busca recuperarse de la grave crisis económica provocada por las turbulencias sociales.

La advertencia de Murillo fue dirigida a "quienes siguen jugando con fuego, pretendiendo desde una minoría obsoleta, obtusa y repudiada, conquistar Nicaragua para el dominio imperial".

El gobierno considera que las protestas son parte de una conspiración de "golpistas" de la oposición, aliada con empresarios, la Iglesia católica y Estados Unidos. 

En ese contexto, la policía irrumpió esta semana en la casa de la familia Reyes, reconocidos opositores de la occidental ciudad de León. Los golpearon, amenazaron, se llevaron computadoras y celulares, y los obligaron a comprometerse a "no joder" a los sandinistas, en un video que ese grupo publicó luego en las redes sociales.

La semana pasada, partidarios del gobierno irrumpieron en la Catedral de Managua y golpearon a dos religiosos, con el fin de interrumpir la huelga de hambre de opositores que demandaban la liberación de más de 150 presos políticos.

Poco después, 16 personas fueron detenidas y demandadas ante la justicia por intentar auxiliar con agua a mujeres en huelga de hambre en una iglesia de Masaya (sur), mientras que otras 13 personas fueron retenidas luego por la misma causa.

Una comisión da alto nivel de la OEA sugirió el lunes llamar de inmediato a los cancilleres americanos a una sesión extraordinaria para analizar la situación de Nicaragua. La reunión fue propuesta tras el fracaso de los esfuerzos diplomáticos realizados por la OEA para ayudar a Nicaragua a resolver la crisis.

Estados Unidos, por su parte, ha sancionado el último año a 14 funcionarios del gobierno de Ortega, incluida la vicepresidenta Murillo, por actos de corrupción y violación de los derechos humanos.