Nueve manifestantes nicaragüenses fueron sentenciados a cárcel bajo cargos de terrorismo por su participación en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

La jueza segunda del Distrito Penal de Juicio de Managua, Adela Cardoza Bravo, sentenció a ocho personas oriundas de la ciudad de Jinotega a penas entre los 25 y 47 años de cárcel, por su participación en las protestas antigubernamentales entre abril y junio del 2018.

El sicólogo Róger Alfredo Martínez fue otro de los condenados en la primera semana de 2019. El juez suplente Tercero Distrito Penal de Juicio de la capital, Carlos Alberto Cano, lo sentenció a 4 años de prisión por supuestamente estar presente en una protesta antigubernamental en la ciudad de Granada, al suroeste del país. El abogado de Cano afirma que el sociólogo no tiene nada que ver con los crímenes imputados por la Fiscalía y apeló la decisión.

Juan Carlos Baquedano fue quien obtuvo la condena de más años por los delitos de terrorismo, asesinato de Pablo Ramos Chavarría y obstaculización de servicios públicos.

Nicaragua atraviesa una dura crisis sociopolítica que inició en abril de 2018 con manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. A finales de agosto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dio a conocer un informe en el que señala al gobierno de Ortega como responsable de violaciones a los derechos humanos como torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otros crímenes.