CONTESTACIÓN política (que va desde corrupción hasta pedidos de democracia) y “abusos económicos” son el común denominador de las ‘revoluciones de octubre’ que se han registrado en varios países y de diferentes continentes.

Los días de este mes han sido particularmente convulsos y violentos en naciones tan disímiles como distantes. Desde América Latina hasta Oriente Medio, pasando por Europa y alcanzando Asia.

Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Haití, Barcelona, Argelia, Etiopía, Líbano, Hong Kong e Irak han sido epicentros de la indignación, ira social, violencia, represión y vandalismo. Los modos de acción son diferentes así como los motivos, pero en el fondo el hilo conductor es el cansancio de los ciudadanos con sus gobernantes.

Bien sea por promesas incumplidas, falta de garantías políticas, carencia de servicios básicos condenando a gran parte de la población a la pobreza o medidas de ajuste económico que asfixian la de por si precaria economía de la mayoría de la población, millares de personas en los mencionados países se han tomado las calles para elevar su voz de protesta y demostrar que están en ‘pie de guerra’ contra sus respectivos gobiernos.

Los días de octubre fueron una incipiente ‘primavera latinoamericana’.  Las primeras expresiones de indignación ciudadana se registraron en las calles del Perú después que el presidente Martín Vizcarra decidiera, en uso de una prerrogativa legal, disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas en enero, con lo que no solo desbarató la práctica opositora, de mayoría en ese hemiciclo, de bloquear las urgentes reformas para combatir la corrupción presentadas por el gobierno, sino impedir que dichos legisladores continuaran nombrando a su acomodo y conveniencia a los magistrados del Tribunal Electoral y las Cortes.

Pero esas movilizaciones fueron de respaldo a la decisión presidencial porque la mayoría ciudadana cuestionaba la corrupción en el Congreso y vieron con buenos ojos la inaplazable necesidad de un viraje de 180 grado en la política del país, cuyas riendas las ostentaban los Fujimori, especialmente la excandidata presidencial Keiko, hoy tras las rejas en prisión preventiva sindicada de haber recibido sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. El masivo respaldo ciudadano, así como el de las Fuerzas Armadas, conjuró el posible conflicto institucional en el país andino.

Pocos días después, la convulsión siguió la ruta andina y estremeció a Ecuador, donde el presidente Lenin Moreno -en cumplimiento de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de créditos que le permitirán devolver la liquidez financiera al país- anunció el fin de los subsidios a los combustibles, lo que llevó a que el precio de la gasolina y el diésel tuviera alzas hasta del 123%.

‘Y ahí fue Troya’. Impensables escenas de vehículos incendiados, toma de edificios gubernamentales, comercios saqueados, duros enfrentamientos entre manifestantes y policías y la llegada a Quito de miles de indígenas para defender los derechos ciudadanos se convirtieron en el pan de cada día, por dos semanas. El balance fue aterrador: ocho muertos, 1.300 heridos, más de mil detenidos y grandes pérdidas económicas por vandalismo y parálisis comercial.

Atrincherado en Guayaquil con su gabinete, el Jefe de Estado hizo incesantes llamados al diálogo, el que finalmente se dio luego que revocara el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles y estableciera un diálogo con los indígenas sobre las inaplazables reformas, entre ellas la tributaria, que amenaza con un nuevo estallido social.

No había terminado la protesta social en Ecuador cuando otro vecino, Chile, se incendió. Y fue literal, ya que las quemas de automotores, las barricadas y los graves daños perpetrados al metro de Santiago fueron los medios en que muchos descargaron la ira social por el aumento de tarifas en ese medio de transporte. Y aunque si bien este paso de 810 pesos chilenos a 830, fue solo el detonante para que millares de chilenos salieran a las calles a exigirle al presidente Sebastián Piñera que “oyera la voz del pueblo” y adoptara urgentes medidas en beneficio de la población, como mejoras salariales, alza en pensiones y oportunidades de empleo.

El Mandatario chileno se vio forzado a sacar a los militares a las calles y decretó el toque de queda en Santiago, lo que atizó el descontento ciudadano que evocó de inmediato los días de la dictadura. Acto seguido Piñera declaró “estamos en guerra”, pero rápidamente llamó al diálogo nacional, no sin antes “pedir perdón” por no haber sido capaz “de reconocer que los problemas se acumulaban desde hace décadas y no fuimos capaces de reconocer la situación”.

El balance fue igual de preocupante: 18 muertos, 289 heridos, 2.151 detenidos, pérdidas económicas elevadas tanto en el metro de Santiago como en varios comercios blanco de los vándalos. Piñera dio marcha atrás en las alzas y ordenó algunos paliativos en materia salarial y de salud, lo que no logró calmar las protestas, que si bien se mantienen se ha frenado la violencia.

Y mientras ello ocurría en Chile, en Bolivia la ‘revolución de octubre’ se dio por cuenta de la elección presidencial. La denuncia opositora de fraude a favor de Evo Morales por el inesperado freno a los escrutinios y la lentitud posterior, que finalmente llevó a que lograra la reelección en la primera vuelta, desató la ira política en varias ciudades, entre ellas Santa Cruz, otrora bastión del Mandatario aymará. La razón: escrutado el 99,92% Evo se impuso con el 47,76% contra Carlos Mesa que logró 36,51%, una diferencia de 10,56%, tan solo 0,56% puntos por encima del requerimiento legal para evitar la segunda vuelta.

La tensión está es su máximo nivel y en medio de una gran presión internacional, ya que tanto la misión de observación de la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos como algunas naciones latinoamericanas como Colombia y Brasil instaron a la realización de un balotaje para legitimar la elección.

En el entretanto en Haití, el país más pobre de América Latina, aunque las protestas tienen un carácter casi crónico, que han debido solventar los 17 presidentes que ha tenido desde 1990, se intensificaron desde comienzos de este mes contra el gobierno de Jovenel Moise. El detonante esta vez ha sido la escasez en el suministro de combustible, aunque también de alimentos y de agua potable.

Al otro lado del océano y más allá

Tan solo horas después de que el pasado 14 de octubre el Tribunal Supremo español condenara a nueve líderes independentistas a penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en la tentativa de secesión de 2017, Barcelona y otras ciudades catalanas se volvieron epicentro de violentos disturbios.

Imágenes de un accionar de guerrilla urbana, inéditas desde el surgimiento del movimiento independentista, dieron la vuelta al mundo: bloqueo al aeropuerto, autos incendiados, cruentos enfrentamientos entre policías y manifestantes, barricadas en llamas. Más de 600 personas resultaron heridas, un poco menos de la mitad policías y 200 detenidos.

El gobierno español liderado por el socialista Pedro Sánchez condenó la violencia y es blanco de presiones de la oposición para que adopte medidas más fuertes en pro de la unidad de España que se ve seriamente amenazada porque el independentismo se mantiene firme en sus demandas. Y, este fin de semana, las calles volvieron a ser escenario del pulso entre los que están a favor y en contra de la independencia de Cataluña.

Casi que paralelamente y a miles de kilómetros de distancia, en otros continentes, también se evidenció la ira social por motivos tan dispares que van desde el cobro de un impuesto a llamadas por WhatsApp (Líbano) hasta las exigencias de democracia y libertad (Hong Kong, Argelia, Egipto e Irak). Así, aunque la chispa puede parecer irrisoria evidencia un malestar más profundo en los pueblos: la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres.

Y en Líbano, el impuesto a llamadas por una red social fue el detonante para una sostenida contestación política contra la élite gobernante a la que acusan de corrupta, querer eternizarse en el poder y cerrar las puertas a la democracia participativa.

Igual ocurre en Argelia, escenario desde el 22 de febrero de un inédito movimiento de protesta, el "Hirak", que reclama el desmantelamiento del "sistema" en el poder desde la independencia del país, en 1962; y en Hong Kong, donde los “paraguas amarillos” han sido el símbolo de un cada vez más creciente movimiento juvenil prodemocracia que mantiene sus movilizaciones y sentadas pese a la violenta represión.

Por su parte, en la Irak devastada por la guerra, las manifestaciones contra el gobierno a principios de octubre se saldaron con más de 150 muertos y se reanudaron al finalizar esta semana con una gran movilización de partidarios del líder chiita Moqtada Sadr, quienes denuncian la corrupción de los dirigentes y reclaman empleos y servicios públicos en un país rico en petróleo pero con una escasez crónica de electricidad y agua potable. Otras ocho víctimas mortales se sumaron al fatídico balance.

La emblemática plaza Tahrir de Bagdad ha vuelto ser el epicentro de la indignación ciudadana, mientras el gobierno de Adel Abdel Mahdi, quien llegó al poder hace apenas un año, tambalea pero desoye las demandas.

Entre tanto en Etiopía, esta semana se registraron protestas y consecuente represión, con saldo de 16 muertos, contra el primer ministro y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, según reportó Amnistía Internacional.

Las manifestaciones contra el gobierno están lideradas por Jawar Mohammed, exaliado de Abiy, que ya tuvo un papel fundamental en el fin del gobierno del anterior primer ministro. Sus detractores acusan a Jawar Mohammed de avivar el odio étnico y de querer desestabilizar el segundo país más poblado de África, con 110 millones de habitantes.

Así, las cosas, este mes de octubre ha sido el de las revueltas sociales, ‘revoluciones’ motivadas por creciente indignación contra los gobiernos bien sea por motivos económicos, políticos o rampante corrupción. Son muestras, en la mayoría de los casos, de que los gobernantes se han alejado de sus bases sociales o han incumplido promesas. Pero también de que se han visto forzados a medidas impopulares para estabilizar las economías de sus países, lo que pone en vilo su gobernabilidad.

"La gente reacciona ante élites que prometen mucho pero resultan incapaces de desarrollar las soluciones y terminan imponiendo políticas desfavorables no solo para los más pobres, sino también para las capas medias", señala el  argentino Andrés Serbin, presidente de la académica Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales quien dice que para calmar esos estallidos sociales los gobiernos “deben hacer a un lado los liderazgos carismáticos y generar los espacios organizativos necesarios para los indispensables empoderamiento y participación de la gente".