Estaban previstas concentraciones ante la delegación del gobierno en las cuatro principales ciudades catalanas

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Los independentistas catalanes prosiguieron este martes con sus acciones de protesta, para denunciar la condena de varios de sus líderes a elevadas penas de cárcel por el Tribunal Supremo español.

Varias carreteras estaban cortadas en la región, entre ellas la autovía AP-7 que conecta Barcelona con Francia, a la altura de la ciudad de Gerona, un bastión independentista, indicaron las autoridades locales.

Algunas vías ferréas fueron también interrumpidas por los manifestantes, a la espera de nuevas instrucciones de la misteriosa organización "Tsunami democrático", que la víspera llamó en redes sociales y de mensajería instantánea a bloquear el aeropuerto.

Por la tarde estaban previstas concentraciones ante la delegación del gobierno en las cuatro principales ciudades catalanas, entre ellas Barcelona.

- "Un nuevo Hong Kong" -

Algunos de los activistas se habían tomado vacaciones para manifestarse, como Carles Navarro, un consultor de 49 años.

"Hacemos esto para causar la máxima molestia posible, que afecte a todo el mundo, a ver si se dan cuenta y se implican" en el conflicto, explicó.

Queriendo imitar a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong, los independentistas -unos 10.000, según el gobierno español- acudieron el lunes en vehículos, transporte público o a pie para bloquear hasta bien entrada la noche los accesos a la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona.

Durante horas se enzarzaron contra la policía que custodiaba el aeropuerto, que cargó en numerosas ocasiones contra ellos e hizo uso de balas de goma y de foam (espuma de poliuretano).

Más de cien vuelos fueron anulados, muchos viajeros no pudieron llegar y cientos se quedaron varados en la terminal toda la noche, según el gestor aeroportuario AENA. Otra cuarentena de vuelos fueron anulados para el martes sobre el millar previstos.

Durante las trifulcas del lunes, 131 personas recibieron asistencia médica, 115 de ellas en el aeropuerto y el resto en otras protestas por la región. Un manifestante resultó gravemente herido en un ojo, según fuentes sanitarias.

La movilización continúa con huelgas estudiantiles y varias marchas masivas por el territorio a partir del miércoles, que deben converger el viernes en Barcelona, coincidiendo ese día con una "huelga general". Organizan las marchas las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, impulsoras de las masivas protestas de los últimos años.

El exlíder de ANC, Jordi Sánchez, y el todavía presidente de Omnium, Jordi Cuixart, estaban entre los nueve independentistas condenados el lunes por sedición por el intento de secesión de Cataluña en 2017. Los jueces dictaron en su contra nueve años de cárcel.

- Horizonte de semilibertad -

Aparte de los 'Jordis', dos antiguos consejeros (ministros regionales) recibieron 10 años y medio; la expresidenta del Parlamento regional, 11 años y medio, y otros tres exconsejeros, 12 años por sedición agravada por malversación de fondos.

La peor parte se la llevó el ex número dos del gobierno separatista, Oriol Junqueras, con 13 años por sedición y malversación.

Tras la condena, la fiscalía lanzó una nueva orden de arresto basada en esos mismos delitos contra el expresidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica después del intento de secesión.

Los siete jueces del Supremo consideraron que habían sublevado a la población para impedir el acatamiento de las decisiones judiciales y la aplicación de la ley, cuando organizaron un referéndum de autodeterminación ilegal el 1 de octubre de 2017, seguido por una baldía declaración de secesión.

El gobierno socialista de Pedro Sánchez, que prepara las elecciones legislativas del 10 de noviembre, mostró mientras tanto firmeza ante los separatistas.

Las condenas serán cumplidas íntegramente, insistió Sánchez tras saberse la decisión. Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió este martes que su gobierno no contempla "indulto alguno".

La ley prevé, sin embargo, la posibilidad de acordar permisos de salida en unos meses para los dos activistas.

La decisión está en manos de la administración penitenciaria que, en Cataluña, depende del gobierno regional, en manos de los separatistas.

- Batalla por la opinión pública -

La condena inició una guerra mediática entre el gobierno español y las autoridades regionales, que sostienen que fue un proceso político, con entrevistas y comparecencias de prensa para ganarse a la opinión pública.

El ministro español de Exteriores y próximo jefe de la diplomacia europea, el catalán Josep Borrell, denunció la "actitud totalitaria" del gobierno independentista, que "piensa que los catalanes son solo aquellos que siguen sus ideas".

Según un sondeo publicado en julio por un instituto dependiente del gobierno catalán, el 44% de los habitantes de la región eran favorables a la secesión, y el 48,3% estaban en contra.

"Resistimos, persistimos, y queremos ejercer nuestro derecho legítimo a la autodeterminación", insistió el presidente regional catalán, Quim Torra.