El jueves inicia otro mandato pese a la presión y el aislacionismo internacional. Un país en ruinas, sin recursos, con hiperinflación y creciente descontento social en el que no se vislumbra una rápida y pacífica solución

CUANDO hace dos décadas, exactamente en diciembre de 1998 los venezolanos dieron su mayoritario aval en las urnas a Hugo Chávez y su proyecto socialista, vislumbraban un país con mejores oportunidades económicas y sociales. La bandera de “Una Venezuela para todos” fue esgrimida con orgullo  por el 57% de la población, llevando al palacio de Miraflores al exmilitar y hasta entonces senador, con un el segundo mayor porcentaje del voto popular en ese país. Pero tras su triple mandato (2000, 2006 y 2012) y muerte, así como el colapso del precio petrolero, las cosas hoy son no sólo diferentes, sino abrumadoras.

Con una Venezuela sumida en la crisis económica más grave de su historia y en política con una impensable dictadura, lo que ha forzado a que casi 4 millones de ciudadanos abandonaran el país, Nicolás Maduro asume este martes un segundo mandato, tras haber sido reelegido (mayo) en unas presidenciales polémicas por realizarse sin candidatos de la oposición, perseguida y “maniatada” electoralmente.

Ungido por un desfalleciente Hugo Chávez, quien muere de cáncer el 5 de marzo de 2013, Maduro se enfrenta en las presidenciales del 14 de abril de ese año con el líder opositor Henrique Capriles y gana con 50.62% de la votación, una ventaja de solo un 1.5%, en medio de fuerte evidencias de fraude que llevan a Capriles a impugnar, sin éxito el escrutinio.

Y es, desde ese entonces, cuando la “revolución bolivariana” gestada por Chávez se radicaliza, llevando al país a un paralelo y doble caos: el económico y el político. El primero por la baja en la cotización petrolera -la “gallina de los huevos de oro” sobre la que se cimentaba el crecimiento y desarrollo del país-, el desenfrenado gasto público y el subsidio que dio a sus aliados Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

El segundo se registra porque tras el resultado electoral, la oposición revitalizada en las urnas comienza a pedir, encabezada por Leopoldo López, la salida de Maduro. Las crecientes y diarias protestas degeneran en violencia, con saldo de 43 muertos, lo que lleva al fundador de Voluntad Popular a la cárcel, donde permanece varios años, junto a otros líderes como el exalcalde Antonio Ledezma. Finalmente en 2017 le es otorgado el beneficio de casa por cárcel donde cumple lo condena de 14 años que le fue impuesta por “incitar a la violencia”. Ledezma también pasa ese mismo año a arresto domiciliario y logra huir a España.

Entre tanto, la oposición se aglutina en torno a la Mesa de Unidad Democrática, MUD, donde las voces cantantes las llevan Capriles y Julio Borges. El régimen Maduro, con todo tipo de artimañas judiciales intenta frenar sus capacidades de convocatoria y, así, con el tiempo, logra inhabilitar electoralmente al primero, descabezando la carta opositora más fuerte para la presidencial de mayo del año pasado, y al segundo, ordenando su captura, la que evade llegando a Colombia.

Por la persecución a la oposición, la inhumana situación de los presos políticos y la persecución a quienes disentían de la “revolución bolivariana”, en 2014 Estados Unidos imponen las primeras sanciones contra funcionarios venezolanos acusándolos de violar los derechos humanos. Desde entonces, ha ido cerrando el cerco contra el entorno con
Maduro con medidas similares y, pese a la grave situación social que viven los venezolanos, la administración Trump no ha dado un paso más allá aunque ha sido enfático en señalar que “todas las opciones están sobre la mesa”.

"Solo quiero que Venezuela se enderece. Quiero que la gente esté segura. Nos ocuparemos de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es una desgracia", ha señalado en reiteradas oportunidades el mandatario estadounidense.

En diciembre de ese año se da un hecho que no tenía presupuestado Maduro y el chavismo duro, liderado por Diosdado Cabello, la MUD les asesta la mayor derrota electoral de su historia, al ganar la mayoría calificada del Parlamento. Pero la euforia opositora duró poco, ya que tan solo meses después, al posesionarse en enero de 2017, el Tribunal Supremo de justicia (TSJ), controlado por el gobierno al igual que el poder electoral, lo declara en desacato y todas sus decisiones nulas.

Ese fue un “annus horribilis” ya que el descontento social, aunado a la crisis política, hizo estallar múltiples protestas, que durante cuatro meses dejaron más de 125 muertos. Los comandos chavistas (populares) toman justicia por mano propia y tras la fuerte e indiscriminada represión, la otrora chavista Luisa Ortega deja su cargo de fiscal general, va al exilio y denuncia al mundo la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

Llegaron así las condenas internacionales y unas nuevas sanciones, esta vez por parte de la Unión Europea. Sin embargo, el régimen permanece no sólo “inamovible” sino desafiante. La diatriba de Maduro sube de tono y se centra en “conspiraciones” orquestadas desde el exterior para socavar su “legitimidad”. Paralelamente gesta otra maquiavélica jugada: la convocatoria a una Asamblea Constituyente con la que se dota de poder absoluto y totalmente oficialista que en la práctica sustituye al Parlamento.

De nuevo la comunidad internacional reacciona, no reconoce dicha Asamblea, Estados unidos aprueba sanciones económicas contra Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa, declarados luego en default parcial. Pero nada de ello amilana al régimen chavista y aduciendo el cumplimento constitucional convoca a elecciones de gobernadores y municipales, en las que gana varias regiones y, con el tiempo, se hace al control de las otras a través de diversas artimañas que van desde las presupuestales hasta las judiciales.

En 2018, ya van cuat6ro años turbulentos del gobierno Maduro y la oposición, con mediación internacional, llamado Papal y voluntad férrea de que el país no caiga en el abismo total, accede a un diálogo con el gobierno cuyo fin era obtener las garantías electorales para las presidenciales de abril, que posteriormente fueron aplazadas para el 20 de mayo.

Antes de surtirse, fracasa el diálogo ante la intransigencia gubernamental y entonces la MUD decide boicotear los comicios aduciendo que son un "fraude" para perpetuar a Maduro en el poder y darle "apariencia de legitimidad". El opositor Henri Falcón, disidente del chavismo, se desmarca de la coalición opositora y lanza su candidatura, que obviamente no tiene chance alguno y genera una grave fractura en la Unidad Democrática que a la postre termina disolviéndose, ya que Borges y otros líderes se ven forzados al exilio. Capriles, sin poder aspirar, intenta aglutinar el descontento social, el mismo que aunque se palpa a diario se desinfla rápidamente al no lograr el objetivo de la salida de Maduro. Así las masivas protestas en las avenidas de las principales ciudades se convierten en cosas del pasado.

Y aunque Estados Unidos, varios países de Latinoamérica y la Unión Europea anticiparon que desconocerían esas presidenciales por considerar que  eran libres ni justas, se surten y es reelegido Maduro para seis años más, mandato que comenzará este martes 10 de enero. Poco le importa el pronunciamiento del Grupo de Lima y Estados Unidos, del pasado viernes, según el cual “no reconocerá al gobierno de Venezuela si el presidente Nicolás Maduro asume un nuevo período, por considerar que se trata de un mandato producto de elecciones ilegítimas”.

En virtud de ello, lo más seguro es que éstos países al igual que otros defensores de la democracia, comiencen a retirar sus embajadores, aumentando la presión sobre el gobierno Maduro y congelando así las relaciones diplomáticas bilaterales.

Mayor aislamiento y caos económico

Desde antes de que se realizaran las cuestionadas elecciones presidenciales y la descontada reelección de Maduro se vaticinaba un mayor aislamiento de ese gobierno, la profundización de la crisis económica y la conflictividad en Venezuela.

Y así ocurrió durante todo el año pasado, llevando a que los venezolanos prefieran dejar el país, vía terrestre o literalmente a pie, para buscar comida, medicinas y un futuro mejor en las naciones vecinas como Colombia y Ecuador. Lo que se inició como un éxodo esporádico y a cuenta gotas, desde mitad del 2018 se convirtió en masivo y desesperado. Por toda América Latina hay “desplazados forzados” por el régimen de Maduro. Organismos de socorro calculan que casi 4 millones de personas dejaron el país y desde el exterior, muchos han podido enviar pequeñas remesas a sus familias en “territorio bolivariano” para que puedan subsistir.

Y aunque la mayoría de la comunidad mundial ejerce presiones diplomáticas y algunas económicas contra el gobierno en Venezuela, la permanencia de Maduro y su séquito no está amenazada.  Y ello por un factor determinante: los militares en el poder, que son sin duda, su salvaguarda.

Según analistas, un vasto poder político y económico, presuntos vínculos con delitos y temor a una cacería de brujas tejen esta red de apoyo, compensada con continuos juramentos de lealtad del alto mando.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) asegura defender la soberanía de Venezuela de la injerencia de Estados Unidos que -según dice- busca, con aliados locales, apoderarse de la mayor reserva petrolera del mundo.

En el entretanto, el país se ahoga en una otrora impensable ruina con escasez de todo tipo de bienes básicos y una infraestructura de servicios colapsada.

El PIB se contrajo más del 50% desde el 2013, la inflación de 1. 1.299.724% y la producción de crudo, que aporta 96% de los ingresos, cayó a su peor nivel en tres décadas (1,5 millones de barriles diarios), por lo que el país no disfruta del reciente repunte del precio del petróleo.

Según la Comisión de Finanzas de ese Legislativo el costo de vida ha escalado 702.521% desde el 1 de enero de 2018, en una espiral que según el FMI llevará la inflación a 1.350.000% este año y a 10.000.000% en 2019.

El presidente Maduro decidió el 29 de diciembre, como “regalo de fin de año” incrementar el salario mínimo en 150%, sexto reajuste de ese 2018, al cumplirse ese día 100 días de un plan de reformas económicas que no ha logrado contener la desbocada inflación.

La medida se produjo tres meses después de un aumento salarial de 3.400%, combinado con una reconversión monetaria que restó cinco ceros a la devaluada moneda.  Con esa nueva alza, los venezolanos iniciaron el 2019 con un sueldo básico de 4.500 bolívares, unos 50 dólares a la tasa oficial y 12 dólares a la del mercado negro, marcador dominante ante la sequía de divisas que monopoliza el gobierno socialista.

El aislamiento y la crisis "seguirán minando la capacidad de Maduro para proteger los privilegios" de actores clave (como los militares), lo que dificultará su permanencia en el poder, estima Eurasia.

Las sanciones estadounidenses dificultan el acceso a financiamiento externo y complican las importaciones. 

Estados Unidos, destino de un tercio del crudo venezolano, no descarta un embargo petrolero, medida que sin embargo podría esperar ante el impacto que tendría en el precio de la gasolina en ese país, según Eurasia.

Los picos de servicio de deuda se concentran en los próximos cuatro años y promedian unos 10.000 millones de dólares anuales, según expertos.

Todos esos abrumadores económicos llevan a una sola certeza: el dramático deterioro de las condiciones de vida de los que permanecen en el país. Y ese es un “caldo de cultivo” que a diario crece para un estallido social, -por ahora incierto- el que se da para poner fin a las dictaduras y que refrenda la doctrina que esas solo acaban cuando sus gobernados, por múltiples factores pero especialmente el hambre, se levantan.

Por ahora, Maduro tiene al frente el desafío de equilibrista para no perder el control, máxime a que a las presiones internacionales se suman las protestas que aunque aisladas se registran a diario y en tocos los sectores exigiendo mejores condiciones de vida y que van desde la oferta de alimentos y medicinas hasta los servicios públicos.

Se ufana de contar con amigos y aliados como Rusia, China, Corea del Norte, Nicaragua y Bolivia.

El escenario en la arruinada Venezuela no puede ser más que preocupante: las protesta social seguirá aumentando, el régimen con escasos recursos atendiendo las demandas de la coalición gobernante (entre ella sus leales militares) y el férreo deseo, aunque sin una hoja de ruta clara de la oposición para que se dé una salida definitiva a la crisis, que no se vislumbra pacífica o negociada.

Las Fuerzas Armadas, específicamente su cúpula, que han sido hasta ahora el fiel de la balanza podrían, como en toda dictadura, llegar a fracturarse y ante el caos económico que afecta directamente a la población, decidirse a romper el equilibrio para llevar al país a una transición democrática.

Por lo pronto, Nicolás Maduro ahí está y ahí se queda, por seis años más, cuando el martes jure como Presidente reelecto.