La crisis en Nicaragua cumple más de cinco meses. El Gobierno se entronca en el poder, mientras que la sociedad no está dispuesta a ceder para forzar el paso a la democracia 

__________________
 

EL TIEMPO avanza y la crisis política y social persiste en Nicaragua. Managua continúa negando los alcances de la crisis y la comunidad internacional sigue criticando las acciones del gobierno. La Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado. Al parecer, para mantenerse en el poder, Ortega tendrá que enfrentarse no solo con la sociedad civil y la oposición, sino con ONG y con Organizaciones Regionales.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Ortega se aferra al poder, y al igual que el Viceministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, desestima las cifras que la CIDH ha publicado. Tras la actualización del número de personas fallecidas desde el inicio de la crisis en abril, Ortega acusó a la Comisión de “inventarse los muertos”.  La CIDH informó que hay 322 personas muertas, entre ellos 21 policías y 23 niños y adolescentes. Ante las acusaciones del Mandatario, la Comisión recalcó que los datos son emitidos una vez se ha realizado una investigación previa, y que en terreno cuenta con el apoyo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Entidades que le brindan información. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Ortega una lista de fallecidos y solicitó reuniones con el Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público para poder contrastar las cifras y realizar un ejercicio conjunto de verificación de datos.

Diálogo Nacional

La mesa de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, también conocida como Proceso de Diálogo Nacional, fue conformada en mayo con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). La mesa de negociación lleva casi cuatro meses funcionando con intermitencias y no ha mostrado avances notorios. La oposición aboga por reformas democráticas y por unas elecciones justas, libres y transparentes, para que se restablezca el estado de derecho en el país. La iniciativa de adelantar las elecciones presidenciales, propuesta por estudiantes y sostenida por la CEN, hace meses fue rechazada por Ortega, quien acusó al clero de apoyar el golpe de Estado contra el gobierno de turno. El Canciller Nicaragüense informó de la posibilidad de cambiar el ente mediador por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Sistema que sería más favorable con Managua.

Para poder llegar a un acuerdo político favorable, Ortega tiene que cooperar en la mesa de negociación

Organización de Estados Americanos (OEA)

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos impulsaron una iniciativa en la OEA y exhortaron a Nicaragua a aceptar la propuesta de la sociedad civil de adelantar los comicios de 2021 para marzo de 2019. Ortega reafirmó su negativa. En vista de la falta de voluntad política y cooperación del Mandatario nicaragüense para darle término a la crisis, la OEA promovió la creación de un Grupo de Trabajo para analizar la situación de Managua y del resto del país centroamericano. La entrada en vigencia de esta Comisión Especial fue apoyada por 20 Estados miembros y rechazada por cuatro (Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Bolivia y Venezuela). Hubo ocho abstenciones y dos países ausentes. Dado que las resoluciones de la OEA son aprobadas por el voto de 18 Estados, el Grupo de Trabajo entró en vigor. La Presidencia del Consejo Permanente de la OEA aseguró que la Comisión estará compuesta por estados miembro, incluyendo a un representante por región.

La presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y representante de Costa Rica ante el organismo, confirmó a principios de agosto, que el Grupo de Trabajo para Nicaragua estará conformado por representantes de Perú, Panamá, México, Guyana, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Colombia. La finalidad de este Comité será apoyar el diálogo nacional y encontrar soluciones para la crisis que afronta Managua. Daniel Ortega rechazó el proyecto de la Organización y lo calificó como una injerencia en asuntos internos del Estado. El Mandatario aseguró que esta medida va en contra de la normativa que rige a la OEA, la cual prohíbe la interferencia en asuntos de jurisdicción interna de los estados. Dado que el Grupo de Trabajo no es vinculante, el representante de Nicaragua ante la OEA aseguró que no permitirá su entrada en territorio nicaragüense. La negativa de Managua constituye un obstáculo para que el Grupo de Trabajo realice su labor a cabalidad. Realizar visitas en terreno es una de las principales competencias de la Comisión.

Al prohibir la entrada del Grupo de Trabajo de la OEA, Nicaragua está protegiendo su soberanía. Sin embargo, esta decisión de Managua, sumada a la iniciativa nicaragüense de cambiar el mediador en la mesa de diálogo, la falta de voluntad política para negociar, la no aceptación de la cifra de muertos y el escalamiento de la violencia contra la población civil dan la impresión de que Ortega está haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder y por encubrir la realidad que viven los nicaragüenses. Con el paso de los meses, los frentes de batalla de Ortega se han multiplicado. La sociedad civil y la oposición parecen no ser los únicos presionando a Managua. El mal manejo de la crisis nacional le ha costado al Presidente la poca legitimidad que le quedaba ante el pueblo y la crisis política ha alertado a la comunidad internacional.

La mala estrategia de Ortega para manejar los disturbios internos ha disminuido las posibilidades del gobierno de turno de seguir en el poder. Para poder llegar a un acuerdo político favorable, Ortega tiene que cooperar en la mesa de negociación. Aunque plantear una solución política que lo beneficie es poco probable, es recomendable que demuestre voluntad para llegar a una solución, que contrarreste el descontento social por medios pacíficos y que coopere con organizaciones como la OEA y la CIDH.