BAJO la presidencia de Barack Obama (2009-2016), la estrategia de Estados Unidos frente a América Latina giró alrededor su apaciguamiento de la dictadura cubana. Su intención de reactivar las relaciones diplomáticas y comerciales con La Habana -sin exigirle a la autocracia castrista ningún tipo de apertura democrática real a cambio- requirió dos políticas adicionales.

En primer lugar, la administración Obama debió tolerar la parasítica colonización cubana de Venezuela, el sostén económico del insolvente régimen de La Habana. Por otro lado, Estados Unidos tuvo que apoyar activamente el acuerdo de Juan Manuel Santos con las Farc, del cual tanto Cuba como Venezuela fueron garantes.

Durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, Donald Trump decidió atacar los dos primeros pilares de la estrategia hispanoamericana de Obama. En septiembre de ese año, declaró en Miami que desharía “todas las concesiones de Barack Obama frente al régimen castrista”, a menos que la dictadura le brindara al pueblo cubano “libertad religiosa y política, y la liberación de todos los presos políticos”.

Asimismo, Trump dijo que “los socialistas han destruido Venezuela”. Agregó que, de ser electo, respaldaría “al oprimido pueblo venezolano, que añora ser libre”. Su mensaje era claro: bajo la presidencia de Republicano, el comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses no le extendería flácidamente la mano a déspotas comunistas latinoamericanos, como literalmente hizo Obama con Raúl Castro.

Una vez en el poder, Trump cumplió una buena parte de sus promesas. En febrero de 2017, recibió en la Casa Blanca a Lilian Tintori, esposa del preso político venezolano Leopoldo López. El Presidente exigió su liberación ante la colosal audiencia de su cuenta de Twitter. Desde entonces, la administración Trump ha impuesto robustas sanciones contra Venezuela. Según el órgano investigativo del congreso en Washington (Congressional Research Service), el Departamento del Tesoro “ha sancionado a 129 venezolanos o individuos asociados al régimen y el Departamento de Estado ha cancelado cientos de visas” de chavistas o sus aliados. Más importante aún, la administración “ha aplicado sanciones contra Pdvsa, el Gobierno venezolano, el Banco Central de Venezuela, la industria del oro y otras entidades…”

En cuanto a Cuba, Trump restringió la habilidad de los estadounidenses de visitar el país como turistas, prohibió los viajes a la isla en cruceros desde Estados Unidos y les permitió a las cortes norteamericanas proceder con demandas contra el tráfico de propiedades confiscadas por Fidel Castro. Por otro lado, las fuertes sanciones petroleras contra Venezuela han desatado la escasez de combustible en Cuba. Necesariamente, actuar contra una dictadura significa golpear a la otra.

No obstante, como anota el profesor William LeoGrande, tras asumir el poder, Trump “no rompió las relaciones diplomáticas con Cuba ni agregó al país a la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado”. Tampoco canceló “otras reformas regulativas de Obama”, como la expansión de las oportunidades para hacer negocios, llevar a cabo viajes de familia o enviar remesas a la isla.

Ciertamente, la fuerte retórica de Trump contra Cuba fue efectiva durante su campaña de 2016. Tras ganar entre el 52% y el 54% del voto cubano-americano en la Florida, Estado crucial en términos electorales, Trump visitó a la Brigada de Asalto 2506, un grupo de veteranos de la invasión de la Bahía de los Cochinos en 1961, pues consideraba que les debía su victoria. Sus medidas contra la dictadura cubana, sin embargo, han sido algo menos vigorosas de lo que prometió como candidato.

Aunque las acciones de Trump contra Venezuela han sido más contundentes, muchos venezolanos -especialmente los exiliados con mayor grado de influencia- malinterpretaron su mano dura política y diplomática como una señal de que el Presidente estaba dispuesto a usar la fuerza militar para derrocar a Nicolás Maduro.

Dicha lectura de la presidencia de Trump erra al pasar por alto su esencia “Jacksoniana”. Como su predecesor Andrew Jackson (1829-1837), apodado “el Presidente del pueblo” por sus gestos demóticos (como abrir la Casa Blanca al público tras su inauguración), el actual Mandatario se hizo elegir con una plataforma anti-intervencionista en los asuntos internacionales.

Trump ha sido un fuerte crítico de la guerra estadounidense en Irak y, en general, de las aventuras militares de su país en el mundo musulmán. Aunque sus generales lo convencieron de que aumentara el nivel de tropas en Afganistán en 2017, decisión que aseguró haber tomado en contra de sus instintos, al año siguiente lanzó un esfuerzo para iniciar negociaciones de paz con los talibanes, suceso impensable bajo el Gobierno del último presidente Republicano, George W. Bush.

De hecho, en 2016, Trump triunfó inesperadamente no solo sobre Hillary Clinton y el Partido Demócrata, sino también sobre los neoconservadores, un grupo de intelectuales que había dominado la política exterior del Partido Republicano desde los años 80. Inclinado hacia el intervencionismo, William Kristol (1920-2009), considerado el padre fundador del movimiento neoconservador, argumentó que Estados Unidos siempre está llamado a defender militarmente a “una nación democrática bajo ataque de fuerzas no democráticas, tanto externas como internas”.

El último neoconservador de influencia dentro del Gobierno de Trump era su asesor de seguridad nacional, John Bolton, a quien el Presidente despidió el pasado 10 de septiembre. Con su partida, cualquier esperanza de una invasión estadounidense de Venezuela bajo el actual Gobierno pasó de ser remota a inexistente.

Los venezolanos interesados en recuperar la libertad de su país deben descartar la posibilidad de que un poder extranjero, como un Deus ex machina, los libere de la dictadura.

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Director del Centro de Innovación y Liderazgo Universidad La Gran Colombia