La justicia popular: nuevos datos sobre linchamientos en A. Latina y Colombia | El Nuevo Siglo
LOS participantes en los linchamientos suelen afirmar que actúan al servicio de la justicia y se quejan de la ineficacia del Estado o de su falta de voluntad para hacer frente a los malhechores./Archivo AFP (Getty)
Martes, 26 de Marzo de 2024
Pablo Uribe Ruan*

Hace un mes, en Suba, un joven bogotano de 25 años decidió llevarse unas cervezas sin pagar. La comunidad del barrio Turingia, al conocer que se trataba de un presunto ladrón, se dirigió a la tienda donde había ocurrido el hurto, linchándolo hasta causarle la muerte.

Unos días después, Brayan David Piñeras Arteta vivió un hecho similar, aunque corrió con mejor suerte. No muy lejos de Suba, este joven de 19 años robó a una persona, luego fue bloqueado por varios transeúntes que caminaban por la zona y lo lincharon con palos y piedras, según El Tiempo. A pesar de los golpes, Piñera, un ladrón de tantos que hay en Bogotá, sobrevivió.

Estos dos casos, sin embargo, están lejos de ser los más gravosos en el último año (2023-24). Sólo en un fin de semana cuatro hombres murieron como consecuencia de linchamientos en San Antonio del Prado, Moravia y otros municipios del Valle de Aburrá, Antioquia, en marzo de 2023, reportó El Colombiano.

En la mayoría de casos, se materializó el mismo fenómeno criminal: un hurto o intento de éste que fue reprimido por la comunidad que actuó violentamente hasta terminar con la vida de los atracadores.

Justicia popular

Linchar a una persona hace parte de la cotidianidad de muchos barrios urbanos en Colombia, América Latina y, en general, en países de mediano ingreso y pobres. Justamente por su popularidad, los linchamientos en el mundo adoptan otros nombres desde la conocida justicia por mano propia en Latinoamérica, hasta el “dikeroyok” (apaleado por una multitud) en Indonesia o la “justicia extralegal” o “justicia popular”.

Para entender mejor el fenómeno de los linchamientos, que en el caso colombiano ha sido poco explorado -más allá de algunos análisis desde la sociología jurídica- los profesores Enzo Nuzzio y Govinda Clayton, investigadores del “Center of Security Studies”, de Zurich, acaban de publicar un paper sobre los linchamientos, a lo que definen como “la violencia física mostrada públicamente y ejecutada por un grupo de civiles contra presuntos infractores”.

Los linchamientos tienen dos causas principales. La primera, dice el profesor de la Flacso, Carlos Vilas, es la ineficacia institucional de la justicia y la Policía para controlar la delincuencia. Esta causa se conoce de sobra. La segunda, sin embargo, es mucho más llamativa. Se trata del desdoblamiento de “prácticas de violencia política hacia actores civiles que adquieren un nuevo escenario de reproducción en territorios urbanos, comerciales y vecinales, pero que además encarnan y fomentan dinámicas de odio y segregación social”.

Una vez comprendido lo anterior es posible decir que la justicia por mano propia es una forma de violencia política. Representa, como plantea el mayor estudioso de la violencia política en el mundo, el profesor Stathis Kalyvas, un síntoma de un Estado deficiente y, en consecuencia, la sustitución de un tipo de violencia, como pueden ser las guerras civiles o los conflictos étnicos, por manifestaciones violentas más concretas y micro como los linchamientos. 

Nuevo conjunto de datos

Porque suceden en la plaza pública o frente una turba de personas interesadas en ajusticiar, los linchamientos son vistos como una expresión violenta primitiva y casi que inexistente. Por lo mismo, se cree que en general se han superado, pues se asocian con sociedades premodernas o periodos históricos como la Inquisición, las revoluciones políticas en Europa o los juicios populares de los grupos nativos en Mesoamérica.

Lejos de ser esto cierto, la justicia por mano propia es una realidad contemporánea que está muy arraigada en sociedades con altos niveles de violencia, que encuentran en ella la mejor manera de resolver sus conflictos locales ante la ausencia de los cuerpos estatales.

Para el caso de América Latina, el paper publicado recientemente por Nussio y Clayton da una pista muy interesante para entender el fenómeno de los linchamientos actuales. En “Lynching in Latin America” (Linchamientos en Latinoamérica, en inglés), los investigadores se preguntan: ¿Cuándo, dónde y por qué deciden las comunidades tomarse la justicia por su mano y "linchar" a los presuntos delincuentes?

Guiados por estos interrogantes, los autores han construido el conjunto de datos más grande sobre todo tipo de incidente que pueda ser calificado como linchamiento entre 2010 y 2019. En total, incluye 2.818 linchamientos en 18 países, información sobre la supuesta irregularidad que motivó el suceso, el tipo de violencia empleada, el tamaño de la turba, la fecha exacta del suceso y coordenadas geocodificadas que indican dónde tuvo lugar el suceso a nivel de calle.

Este tipo de datos han permitido llegar a una serie de conclusiones que, para Latinoamérica y en particular Colombia, pueden ser importantes en vista de la regularidad con la que se emplea en los barrios urbanos la justicia por mano propia.

Nussio y Clayton, en primer lugar, estiman que: “los participantes en los linchamientos suelen afirmar que actúan al servicio de la justicia y se quejan de la ineficacia del Estado o de su falta de voluntad para hacer frente a los malhechores. Sin embargo, la falta de datos transnacionales adecuados significa que incluso las relaciones básicas entre los linchamientos y factores básicos como la capacidad y la legitimidad del Estado siguen siendo poco conocidas”.

Los autores, no obstante, sostienen en que hay una asociación entre legitimidad y linchamientos y, por tanto, pueden considerarse como un indicador claro de la debilidad del Estado.

A nivel países, este análisis también muestra indicadores muy interesantes. Uno de ellos es que el país con más linchamientos per cápita en América Latina es Guatemala y la ciudad con más altos índices es Ciudad de México. Además, las dinámicas rurales y urbanas en la región cambian de país en país. Mientras en las zonas montañosas de Perú y Bolivia existen altas tasas de justicia por mano propia, en Colombia o Brasil pasa lo contrario. Allí, los linchamientos se concentran en centros urbanos, alejados de los centros de conflicto armado interno en el caso colombiano.

“No está claro si esto corresponde a un proceso de sustitución de la violencia o refleja el desplazamiento de las denuncias de linchamientos. Estos patrones de variación geográfica pueden proporcionar interesantes vías para el estudio de la sustitución de la violencia, la importancia de la urbanidad y el papel del Estado”, dicen los autores.

Como demuestran los casos de Piñeras y otro joven en Bogotá o los cuatros hombres asesinados en el Valle de Aburrá, los linchamientos suelen suceder en zonas urbanas en donde coexisten una serie de dinámicas que hay que comprender mejor para abordar un tipo de violencia política que, semana tras semana, tiene lugar en cualquier barrio de Latinoamérica.