UN nuevo intento para frenar el flujo de inmigrantes realizará el gobierno de Donald Trump al limitar las condiciones de asilo para los extranjeros que entren a Estados Unidos tras atravesar México y otros territorios.

Este anuncio se produce en un momento en que Washington busca sin éxito un acuerdo de "Tercer País Seguro" para que los migrantes deban tramitar sus solicitudes de asilo en alguno de los países que atraviesan en su ruta por Centroamérica hacia Estados Unidos.

La nueva normativa "utiliza la autoridad delegada por el Congreso en (...) la Ley de Migración para mejorar la integridad del proceso de asilo colocando más restricciones o limitaciones a la elegibilidad de los extranjeros que busquen asilo en Estados Unidos", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Las limitaciones tendrán tres excepciones: los extranjeros que demuestren que solicitaron asilo en al menos un país y su petición fue denegada en última instancia; quienes entren en la definición de "víctimas de una forma grave de tráfico de personas"; y quienes hayan transitado en su camino hacia Estados Unidos por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.

Denominada "Reglamento provisional final", la normativa entra en vigor hoy pero puede sufrir modificaciones posteriores y también puede ser objeto de recursos judiciales.

Impulsada por la Casa Blanca, está dirigida a los cientos de miles de migrantes de América Central y de otros países que intentan cruzar hacia Estados Unidos por la frontera con México para pedir asilo una vez en territorio estadounidense.

Presidente de Guatemala no va a EU

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración un eje de su campaña y de su gobierno, durante el cual ha sostenido un prolongado enfrentamiento con el Congreso por conseguir los fondos para levantar un muro en la frontera con México.

En junio anunció que deportaría a "millones de extranjeros ilegales" y a partir de este fin de semana se esperaban masivas redadas en las grandes ciudades de Estados Unidos, donde miles de migrantes indocumentados aguardaban con miedo. 

Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro por el Progreso Americano calificó la nueva normativa como "ilegal", al igual que Omar C.Jadwat, director de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Para Jawetz, "no se puede denominar de forma creíble" a los países de tránsito como "seguros".

La mayoría de los extranjeros que llegan a Estados Unidos de forma irregular desde México provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras y buscan huir de la pobreza y la violencia de las pandillas, pero también hay un creciente flujo de personas provenientes de África o de países como Haití.

El domingo, la Corte Constitucional de Guatemala otorgó un amparo provisional a un recurso que busca evitar que el país se convierta en "un tercer país seguro" estipulando que si el gobierno busca un acuerdo de este tipo con Estados Unidos debería contar antes con la aprobación del Congreso.

Tras esta decisión, el presidente Jimmy Morales canceló una reunión que tenía prevista con su par estadounidense en Washington.

El excanciller Edgar Gutiérrez dijo al diario El Periódico que un acuerdo de este tipo convertiría a Guatemala "en el campo de concentración más grande que ha existido en la historia".

 "Desbordado"

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, explicó que la normativa busca "desalentar a los migrantes económicos que buscan explotar" el sistema de asilo de su país. 

"Estados Unidos es un país generoso, pero está completamente desbordado por la carga asociadas a la detención y al proceso de cientos de miles de extranjeros detenidos en la frontera sur", dijo Barr. 

En junio, más de 100.000 personas fueron arrestadas tras cruzar irregularmente la frontera sur. Estas cifras representan una caída del 28% con respecto a mayo, pero están muy por encima de las 43.000 aprehensiones registradas hace un año y marcan un máximo en 13 años.

Según el instituto independiente Pew Research Center, en Estados Unidos hay cerca de 10,5 millones de indocumentados