La Corte Nacional de Justicia acató el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva en el caso de supuestos financiamientos irregulares a su campaña

La justicia de Ecuador dictó este jueves prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa en el marco de la investigación por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral a cambio de contratos con el Estado.

Correa, que vive en Bélgica y es considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana, enfrenta otra orden de prisión por el caso del secuestro de un opositor en Colombia en 2012.

La jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional de Justicia "acoge pedido de #FiscalíaEc y dicta prisión preventiva para Rafael C. (Correa)", informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

Por el caso denominado "sobornos 2012-2016", antes conocido como "arroz verde", también recibieron orden de prisión el exvicepresidente Jorge Glas -que cumple una condena de seis años de cárcel por recibir coimas por 13,5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht- y otros tres exfuncionarios, entre ellos ministros, del gobierno de Correa.

El exmandatario y los demás implicados son investigados por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, y enfrentan una pena de hasta 15 años de cárcel, según la Fiscalía. Correa puede ser juzgado en ausencia por estas causas.

Otras 17 personas, para quienes la Fiscalía pidió la prohibición de salida del país, también están implicadas en la investigación que surgió a raíz de la divulgación de un reporte periodístico. La publicación llevó a la detención de dos funcionarias del gobierno de Correa (2007-2017) que habrían gestionado la entrega de dinero de empresas privadas, entre ellas Odebrecht, para la campaña presidencial de 2013.

En 2013, Alianza País -partido del que Correa se desafilió en medio de pugnas con su exaliado el presidente Lenín Moreno- ganó la elección presidencial con el binomio conformado por Correa y Glas.

De acuerdo con la Fiscalía, empresarios o intermediarios entregaban dinero a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado.

La Fiscal General, Diana Salazar, vinculó al exgobernante por un depósito de 6.000 dólares en su cuenta personal que fue realizado por una persona que trabajaba con su exasesora, indagada por gestionar la recolección del dinero de empresas.

El exgobernante se defendió en Twitter y alegó que ese dinero era de un préstamo que recibió en 2015.

"Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo", escribió en la red social.