ALZA de impuestos a los sectores altos y medios, así como con amplios beneficios sociales para los más pobres, al igual que tributos para el sector agrícola, son entre otros los pilares de la megaley que el gobierno del peronista argentino, Alberto Fernández, acaba de poner en vigencia con la meta de superar la grave crisis económica y financiera del país.

La ley que declara la emergencia económica y amplía las facultades del gobierno de Fernández también contempla un gravamen del 30% a la compra y gastos en divisas, entre otros puntos, un tema sensible a la clase media argentina acostumbrada a ahorrar en la moneda estadounidense para cubrirse de las cíclicas devaluaciones del peso y de la inflación, una de las más altas del mundo.

"Hay que acabar con esa práctica de ahorrar en dólares... Lo que tiene que saber la gente que viaja para esparcimiento es que hoy en día el dólar es un bien escaso. Como no hay en la Argentina, tiene que estar muy caro”, afirmó Fernández.

El mandatario indicó que, en línea con la escasez de dólares de su país, surge el impuesto del 30% para las compras en moneda extranjera.

“No es que quien importa insumos tiene que pagar el impuesto. Es para el que usa los dólares para viajar, para hacer turismo, para ahorrar en dólares", sostuvo el jefe de Estado en defensa de la medida que desincentivaría el turismo.

Para Fernández, Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares a su territorio. “De otro modo, es imposible pensar en hacer frente a las obligaciones que el Estado ha asumido", añadió.

La recién aprobada ley establece además aumentos a los gravámenes a las exportaciones agrícolas, con un máximo 33% para la soja, el principal producto de exportación. La medida puso en alerta al poderoso sector agrario, el único que creció en el último año, cuyos dirigentes fueron recibidos este lunes por el presidente peronista de centro-izquierda.

Las cuatro entidades del campo solicitaron al presidente que no se aplique un 3% de gravámenes a las exportaciones, que se suman a las ya existentes, que contempla la nueva ley. "El presidente se ha comprometido a responder", explicaron en rueda de prensa conjunta con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

La megaley otorga al Poder Ejecutivo durante un año una serie de facultades para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y, lo más urgente, evitar que la tercera economía de América Latina, que ya se encuentra en 'virtual default', repita lo que le ocurrió a finales de 2001, cuando vivió la peor crisis de su historia.

El peronista de centroizquierda Alberto Fernández asumió la presidencia hace dos semanas en una Argentina que se encamina a su segundo año de contracción con una previsión de reducción del PIB de 3,1% en 2019, tras un plan de fuerte austeridad del exmandatario liberal Mauricio Macri.

"Hay argentinos que la están pasando muy mal. Esa es la prioridad", declaró Fernández que logró la aprobación en el Congreso de mencionada ley.

Aquí una radiografía de los principales indicadores económicos que revelan la preocupante situación económica de ese país:

1. Inflación.  Argentina es de los pocos países emergentes y en desarrollo que no ha logrado domar la inflación. Mientras para todo el grupo el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un promedio de 4,7% al cierre de 2019, la previsión para Argentina es de 57,3%, de las más altas del mundo. De enero a noviembre acumula 48,3%.

En 2018, el país  había registrado una inflación de 47,6%, profundizando una tendencia que se inició con la crisis de 2001, al salir Argentina de la paridad cambiaria con el dólar vigente por 11 años.

Una fuerte depreciación de la moneda (38% desde enero) y un comportamiento inercial influyen en el alto índice de precios, así como el aumento de los costos dolarizados.

Fernández impulsa el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por 180 días luego de que aumentaran en casi 1.000% durante el gobierno anterior, que revirtió el precio bajo y subsidiado durante los años del kirchnerismo (2003-2015).

2. Recesión. El país está en recesión desde el segundo trimestre de 2018, con caída del PIB de 2,5% en 2018. El FMI calcula que la baja en 2019 será de 3,1% y en 2020 de 1,3%. La economía acumula 17 meses consecutivos de baja.

El nuevo gobierno pretende poner en marcha la economía, alentando el consumo y con devolución de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, un sector importante para frenar la caída del empleo. El desempleo alcanza casi 10%.

3. Pobreza.  El aumento de la pobreza que afecta a 40% de los 44 millones de argentinos es uno de los temas que más preocupa. Este año, el Congreso aprobó una ley de emergencia alimentaria para destinar más recursos a los planes sociales.

Fernández lanzó un plan para unir al Estado con las empresas y las organizaciones de la economía popular en un Consejo federal "contra el hambre" y se entregan tarjetas con montos para gastar en alimentos.

4. Déficit.  Con un severo plan de austeridad de Macri, Argentina pudo bajar el déficit fiscal primario de casi 7% del PIB en 2015 a un estimado de 0,9% este año.

A cambio, el FMI le concedió en mayo de 2018 un préstamo por unos 57.000 millones de dólares a tres años, de los cuales ha desembolsado 44.000 millones. Fernández desistió de pedir el monto restante.

5. Deuda.  La deuda asciende a 335.000 millones de dólares; incluyendo lo desembolsado por el FMI. Al asumir Macri en 2015, la deuda representaba 52,6% del PIB, actualmente alcanza del 93,3%, según la proyección del FMI.

Fernández reiteró que Argentina está en "virtual default", desde que el gobierno de Macri había planteado en septiembre pasado un reperfilamiento para postergar los vencimientos.

El presidente ha manifestado su intención de pagar las deudas pero en la medida en que la economía pueda crecer y generar dólares. "Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso hay que crecer", dicen en el Gobierno.

El viernes, Argentina postergó unilateralmente hasta agosto el pago de unos 9.000 millones de dólares de vencimientos en dólares. Eso le costó una degradación de su deuda por parte de las calificadoras Fitch y S&P, tras considerarlo en default selectivo.