El Tribunal Supremo de España rechazó una petición que solicitaba paralizar los trámites del Gobierno para la exhumación del dictador Francisco Franco.

La petición había sido expuesta ante los jueces por los familiares del general, quien dio un golpe de Estado en 1936 y se perpetuó en el poder como Caudillo de España hasta su muerte, en noviembre de 1975.

Los familiares argumentaban en su escrito que la suspensión cautelar era necesaria hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la legalidad del traslado de los restos de Franco.

"De nada serviría a mis representados que la justicia acabe dándoles la razón años después de que hayan tenido que pasar por el amargo trato de una exhumación tan humillante como dolorosa para ellos y en contra de su voluntad. No hay indemnización alguna que pueda paliar el daño moral que se les infligiría", indicó el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, mediante un documento, según informó el diario El País de España.

El Tribunal, sin embargo, consideró que la medida cautelar debía ser denegada porque los trámites del Gobierno no implicaban necesariamente la exhumación de los restos ni causaban un daño irreversible a los familiares.

Los magistrados le permitieron al Gobierno seguir adelante con los trámites para exhumar al dictador, aunque aclararon que puede haber un nuevo pronunciamiento cuando el Consejo de Ministros acuerde, de forma definitiva, sacar los restos de Franco de la basílica Valle de los Caídos, ubicada a 60 kilómetros al norte de Madrid.

El traslado de los restos de Franco se encuentra en estudio de la justicia española luego de que fuera aprobado un decreto del Gobierno, en agosto pasado, que modifica el artículo 16 de la ley de memoria histórica de 2007 para establecer que en el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, “como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

Los nietos de Franco han asegurado que el decreto solo se está aplicando contra los restos de su abuelo y que el Ejecutivo español ha violado su derecho a la intimidad personal y familiar.