La táctica la definió hace más de dos décadas y la estrategia la fue tanto implementando como acelerando con el paso de los años. Milimétricamente y sin importar el sistema político, las consecuencias de sus acciones o el ‘que dirán’ de sus gobernados es lo que ha hecho que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, esté ahí y ahí se quede.

La Real Academia de la Lengua define táctica como el “procedimiento o método que se sigue para conseguir un fin determinado o ejecutar algo” y la estrategia como “serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin de terminado”. Y ambas definiciones las ha cumplido, al pie de la letra, el otrora líder guerrillero, cuyos ideales sandinistas se trastocaron una vez ‘probó’ las mieles del poder.

Vale recordar que definió claramente su táctica y estrategia cuando en el año 2000, como caudillo de una de las dos fuerzas políticas más importantes en el momento, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), firmó un pacto con Arnoldo Alemán, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dio paso a la captura del sistema electoral y trastocó la competencia de la misma por las graves irregularidades y fraudes que se habían cometido.

Tras ello, y al mejor estilo del régimen cubano, Ortega acalló las voces opositoras y cercenó derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, el derecho de movilización y organización, entre otros. Y aunque esto no es nuevo, ya que comenzó a evidenciarse desde su llegada a la presidencia, en 2007, las llevó al extremo con la represión a las protestas sociales del 2018 que dejaron gran cantidad de muertos, heridos, encarcelamientos, torturas y juicios arbitrarios.

Ante el mayoritario descontento social surgieron cientos de movimientos ciudadanos que, aunados a las dos tradicionales plataformas opositoras (Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana) esperaban con ansía las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 7 de noviembre, porque lo visualizaban como un punto de inflexión.

Para presentarse ante la comunidad internacional como un ‘demócrata’ y en calidad de Presidente muy preocupado por la crisis política desatada desde entonces, Ortega y su poderosa mujer, Rosario Murillo calificada como el segundo poder tras el trono, convocaron a una mesa de diálogo con sus detractores en dos ocasiones, mayo de 2018 y el pasado febrero. Por razones más que obvias, a saber, aumento de la persecución política y cero reconocimiento al derecho de disentir, resultaron fallidas.

Y esa, sin duda, fue otra etapa en su bien implementada estrategia de aparecer ante el mundo como un mandatario con ánimo conciliador tras las fuertes críticas externas, así como las primeras sanciones que se le impusieron por la brutal represión de los manifestantes hace tres años.

Luego vino la pandemia del covid-19 y mientras sus gobernados se preocupaban por el impacto tanto sanitario como económico de ésta, el tándem gobernante (que como reseñamos cooptó todos los poderes) promovió entre finales de 2020 e inicios de este año el cambio de un articulito en la Constitución que le dio vía libre para una nueva reelección así como la aprobación de un conjunto de leyes con dos propósitos claramente definidos: criminalizar a la oposición y limitar aún más derechos ciudadanos fundamentales.
Fue así como se expidieron la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una serie de restricciones y controles; la Ley de Ciberdelitos, que incrementa la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos de personas que el gobierno considere de interés político; la Ley de Cadena Perpetua, que implicó una reforma a la Constitución e incrementó las penas para delitos que el gobierno considera “de odio”, además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición.

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Elección acomodada
Con el trascurrir de este año la voz opositora crecía vislumbrando una fortaleza electoral que no estaba en las cuentas del gobernante. Por ello echó mano a todo su arsenal ‘legislativo democrático’ e inició una feroz persecución contra todo aquel que tuviera la ‘osadía’ de convertirse en su rival para las urnas.

La primera en ser detenida, el pasado 2 de junio, fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y su más fuerte contundente, mientras que el más reciente, fue el del exdiplomático Mauricio Díaz, elevando a 32 el número de líderes opositores tras las rejas, de los cuales siete eran presidenciables. Y con ellos, la lista de disidentes presos desde que se desató la crisis política tras las protestas asciende a 136.

En medio de esa andanada fueron muchos los líderes políticos y periodistas que optaron por el exilio y resignaron la esperanza de que se gestara el cambio político que necesita el país. Los que decidieron quedarse están encarcelados como el gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann o en detención domiciliaria como se conminó a la exMiss Nicaragua y fórmula presidencial de Ciudadanos x la Libertad, Berenice Quezada.

El pasado 2 de agosto vencía el plazo para la inscripción de los candidatos presidenciales y en el horizonte de Los Ortega (Rosario y Danilo) no se oteaba contendiente alguno. Sin embargo, a escasos minutos de cerrar el procedimiento electoral, la derechista alianza opositora sacó su as bajo la manga: el exjefe de la denominada ‘contrarevolución’, Òscar Sobalvarro con la joven reina de belleza.

Y aunque ahí no fue troya, parafraseando el refrán popular, el Presidente siempre omnipresente, ordenó al otro día la detención domiciliaria de Quezada por unas declaraciones a favor de la libertad ciudadana y tan solo dos días después hizo que el tribunal electoral cancelara la personalidad jurídica del mencionado partido, sacándolo descaradamente de la carrera por el poder.

Ortega ha justificado su política represiva contra los opositores hoy encarcelados argumentado, entre otras cosas, ‘traición a la patria’, ‘buscar financiación y apoyo de los yanquis para dirigir los crímenes que se cometieron en abril de 2018”, “conspiradores que buscaban un golpe de Estado” e intentar una nueva “oleada de terrorismo” en las elecciones de noviembre. Y fue más allá inclusive acusando a jerarcas de la Iglesia Católica de promover las manifestaciones en su contra.

Como era de esperarse esa seguidilla de arrestos arbitrarios recibió de inmediato no sólo la condena de la comunidad internacional sino varias sanciones tanto de Estados Unidos y la Unión Europea que, de inmediato fueron respondidas con la revocatoria del permiso de funcionamiento a seis ONGs de esos países entre ellas Oxfam (de España, Dinamarca y Suecia), National Democratic Institute For International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI) y Helping Hands The Warren William Pagel, M.B. Foundation.

Todos a una le pidieron al régimen Ortega liberar a los detenidos dar las garantías para unas elecciones justas y libres lo que generó de inmediato que éste llamara a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia, España y Costa Rica, entre otros.

Como cualquier dictador ha desoído críticas, rechazado presiones y minimizado sanciones. Su único objetivo es perpetuarse en el poder. Lo conseguirá en un simulacro de elección para esgrimir un respaldo ‘legítimo y democrático’ y el mundo registrará, impotente, como se instaura otra dictadura.

Ortega ganará sin competencia y alcanzará la meta que se fijó décadas atrás: estar y quedarse ahí. Entonces, ¿para qué elecciones? Todo está consumado.