Los tres exmandatarios buscan retornar a cargos públicos, pero sus líos con la justicia representan un duro escollo

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En los últimos meses los expresidentes Evo Morales, Luis Inácio Lula da Silva y Rafael Correa han expresado su voluntad de regresar a cargos públicos en sus respectivos países.

Sin embargo, los procesos que enfrentan por un sinnúmero de casos por corrupción y otros delitos dificultan estos deseos.

Los otrora hombres fuertes de la izquierda latinoamericana buscan emular a Cristina Fernández, quien luego dejar el poder y enfrentar varias causas judiciales, logró ser elegida vicepresidenta de Argentina en los comicios celebrados en octubre del año pasado.

EL NUEVO SIGLO presenta los procesos que enfrentan los tres exmandatarios.

Rafael Correa

En varias ocasiones el presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 ha deslizado la posibilidad de postularse a la Vicepresidencia de la República o a la Asamblea Nacional en 2021. Para aspirar a la Presidencia se encuentra imposibilitado porque, tras un referendo impulsado por su sucesor Lenín Moreno, en 2018, se estableció un límite de dos periodos para los mandatarios.

La semana pasada inicio un juicio en su contra por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado. En el caso denominado "sobornos 2012-2016" también están procesadas por el delito de cohecho otras 20 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas -condenado a seis años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht- exministros, exdiputados y empresarios.

Correa, que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, será juzgado en ausencia. La pena por esa falta, imprescriptible en Ecuador, es de hasta tres años de prisión.

Una condena supondría el fin de su carrera política, pues la Constitución ecuatoriana impide presentarse como candidato en comicios a condenados por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

Los acusados presuntamente recibieron cerca de ocho millones de dólares de empresas para las presidenciales de 2013 a cambio de la entrega de obras. Los empresarios que entregaron dinero "fueron beneficiados de adjudicaciones de varios contratos" a través de los ministerios de Transporte y Sectores Estratégicos, y la Secretaría Nacional del Agua, según información divulgada por la Fiscalía.

El juicio podría tomar varias semanas pues deben presentarse 120 testigos. Correa fue vinculado al caso por un depósito de 6.000 dólares que una persona que trabajaba con su exasesora hizo en su cuenta personal.

En un video publicado días atrás en Twitter, el expresidente tildó de una "gran farsa" la acusación de la Fiscalía. Este es el segundo juicio que enfrenta, el otro corresponde al presunto secuestro de un opositor en 2012. Sin embargo, ese proceso está suspendido pues la justicia requiere la presencia del exmandatario para juzgarlo. Correa es considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana y enfrenta órdenes de prisión por ambos casos.

Evo Morales

Evo Morales aspira a un escaño en el Senado por el departamento de Cochabamba, en las elecciones generales bolivianas del próximo 3 de mayo, aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún debe resolver si puede presentarse.

Morales, quien renunció el 10 de noviembre a la presidencia y está refugiado en Argentina, encabeza la nómina de los ocho postulantes al Senado en la lista de su Movimiento al Socialismo (MAS).

El exgobernante indígena, de 60 años, no puede postularse a la presidencia en estos comicios, por disposición legal. Ante este impedimento, el MAS formalizó la candidatura presidencial del exministro de Economía Luis Arce para los nuevos comicios, convocados tras su renuncia y la anulación de las elecciones del pasado 20 de octubre en medio de denuncias de fraude.

Morales enfrenta una orden de detención bajo cargos de "sedición y terrorismo", después de que se divulgara un audio supuestamente con su voz en el que ordena a partidarios suyos que cerquen ciudades y les corten el suministro de alimento. De ganar un escaño conseguiría inmunidad, lo que le permitiría regresar a Bolivia desde Argentina, a donde llegó el 13 de diciembre después de asilarse primero en México.

Los principales partidos y plataformas civiles de Bolivia han expresado su oposición a que el TSE autorice la candidatura, invocando una exigencia constitucional. La carta magna establece como requisito a los candidatos vivir de forma permanente en la región por la que se postulan al menos los dos años anteriores a la elección.

EL Tribunal anunció ayer que sigue analizando la validez de la postulación del exmandatario ante versiones de la prensa local que la daban por eliminada. "Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre ninguna candidatura, todas las candidaturas continúan en proceso de análisis y revisión", dijo en rueda de prensa el titular del órgano electoral, Salvador Romero.

Lula da Silva

Lula, de 74 años, fue liberado en noviembre de una cárcel de Curitiba donde cumplía desde abril de 2018 una sentencia de 8 años y 10 meses de reclusión por corrupción pasiva y lavado de dinero, como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por la constructora OAS a cambio de contratos en Petrobras.

Su liberación obedeció a una modificación de las normativas sobre el momento en que un condenado debe empezar a ejecutar su sentencia, y el expresidente aguarda ahora que la corte suprema zanje definitivamente ese caso.

Tras su salida de la cárcel ha arremetido con virulencia contra el gobierno de Jair Bolsonaro, proyectándose como líder de una oposición que había quedado silenciada desde las últimas elecciones en Brasil y busca posicionarse de cara a los comicios presidenciales de octubre de 2022.

No obstante, el expresidente tiene otro problema importante ante una eventual candidatura en 2022: fue inhabilitado en agosto de 2018, en el marco de la ley "Ficha limpia" que prohíbe que personas condenadas en segunda instancia se presenten a elecciones. Esta situación, sin embargo, podría ser revertida si la corte suprema anula la condena en su contra por corrupción y lavado de activos que lo envió tras las rejas. Su batalla política también será en los tribunales.

El exmandatario sufrió hace unas semanas su primer revés judicial desde su salida de la cárcel cuando un tribunal de apelación agravó considerablemente la sentencia dictada en su contra en uno de los casos de corrupción que enfrenta.

El líder de la izquierda permanecerá sin embargo en libertad, gracias a una reciente decisión de la corte suprema que determinó que las penas de prisión solo pueden empezar a ejecutarse cuando los acusados agoten todos los recursos disponibles en las cuatro instancias del sistema judicial brasileño.

Los tres magistrados de la corte de apelaciones de Porto Alegre, un tribunal de segunda instancia, elevaron la condena de 12 años y 11 meses dictada contra Lula en febrero pasado a 17 años y un mes.

En este juicio, el exmandatario (2003-2010) es acusado de haber beneficiado de obras de renovación realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una propiedad rural de Atibaia, en el estado de Sao Paulo, a cambio de contratos en Petrobras y otras firmas estatales.

Lula, quien es encausado en al menos otros cinco procesos, siempre afirmó que esa propiedad no era suya, sino de uno de sus allegados. Pero la Fiscalía aseguró que considera probado que Lula era el principal usuario de esa propiedad y que las obras eran para él.