EL PRECIO de los combustibles y el alto costo de vida son las excusas de la protesta indígena ecuatoriana, pero el real motivo es, como otrora lo han logrado, romper el orden constitucional.
El presidente conservador Guillermo Lasso llamó a dialogar desde el primer día de las movilizaciones (el pasado 13 de junio) a los directivos de la poderosa Confederación de Nacionalidades indígenas (Conaie), pero en una decisión tan apresurada como errónea arrestó a Leonidas Iza, el carismático dirigente y líder del paro nacional indefinido que, tras degenerar en violencia y vandalismo en varias zonas se convierte en un “serio riesgo” para la democracia en este país andino.
Liberado horas después en su natal de Cotopaxi, Iza retomó el mando de la Conaie y el movimiento nacional de protesta al que se sumaron rápidamente estudiantes, campesinos y transportadores. Bajo creciente presión con multitudinarias marchas en varias provincias y el avance sobre la capital, Quito, donde se encuentran miles de manifestantes desde hace dos días, acudió el viernes pasado al palacio presidencial donde pese a las concesiones hechas por el mandatario ordenó radicalizar la protesta argumentando que no habría posibilidad de arreglo sin el cumplimiento de un decálogo de exigencias que van desde rebaja al precio de los combustibles hasta la condonación de créditos agrícolas.
De la inicial quema de llantas, los marchantes pasaron rápidamente a bloquear vías nacionales y a los enfrentamientos con la fuerza pública, que hasta el momento han dejado como saldo un centenar de heridos (de ellos 60 uniformados), el vandalismo contra bienes públicos y el comercio, entre otros.
El gobierno ecuatoriano, que desde el anuncio del paro nacional garantizó la protesta social pero advirtió cero tolerancia a la violencia y bloqueo de vías, hizo algunas concesiones a los manifestantes como elevar de 50 a 55 dólares un bono económico para "aliviar la difícil situación" de las familias más pobres, subsidiar hasta el 50% el precio de la urea para pequeños y medianos agricultores y condonar los créditos vencidos por hasta 3.000 dólares otorgados por el banco estatal para el fomento productivo.
También declaró en emergencia el sistema de salud pública para destinarle recursos extras y duplicó el presupuesto para la educación intercultural.
Pero nada de eso convenció a la poderosa Conaie liderada por Iza quien ese mismo día del encuentro con el Presidente trinó “los temas de fondo (...) usted no pretende resolverlos", mientras que Lasso contestó, por la misma vía, “convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia. No hay intención de buscar soluciones”.
La alta tensión se hizo más que evidente ayer cuando el ministro de Defensa de Ecuador, el general retirado Luis Lara, rodeado de la cúpula militar (ejército, fuerza aérea, armada y policía) advirtió que "la democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de ecuatorianos y las acciones de grupos violentos cuyos único objetivo es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades".
A renglón seguido fue enfático en señalar que "Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República".
Aunque el funcionario no hizo alusión a la Conaie, mostró su indignación por la "manipulación" de la protesta social y el aumento de actos violentos “por parte de aquellos que han rechazado tomar la vía del diálogo con el Gobierno para imponer sus directrices en vez de negociarlas”.
Este contexto, según dijo, se ve alimentado también por un hecho "aun más grave" como es el "brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado". El ministro de Defensa considera que estas protestas son un "intento deliberado" de usar la violencia armada para atacar "la democracia y amenazar las instituciones".
Hizo alusión a las protestas sociales registradas en el país en 2019, cuando la población salió a la calle en disconformidad con una serie de medidas económicas anunciadas por parte del gobierno del entonces presidente, Lenín Moreno. Y, en ese marco sostuvo que cuando se dan sucesivas protestas sociales que derivan en enfrentamientos no se puede defender que haya infiltrados violentos, sino que las tensiones se dan "con consentimiento" de aquellos encargados de organizar los actos reivindicativos".
"Si en cada protesta social se infiltran personas que destruyen los bienes públicos y privados, causan heridos, incendian patrulleros, agreden a periodistas, extorsionan a las empresas y ciudadanos, es evidente que actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones", aseguró el ministro.
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El presidente Lasso, por su parte, ante la creciente conmoción interior decretó estado de excepción para seis provincias más (ya son diez): Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde "se concentrar la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas", explicó.
Este lunes, el centro de los bloqueos y los enfrentamientos fue Quito, donde la policía antimotines impidió que uno grupo de indígenas que se albergan en la Universidad Salesiana avanzaran hacia la Cultura Ecuatoriana (CCE), que pretendían tomarse.
"Bajen las armas, somos pueblos de paz", exclamaron algunos de los más de 5.000 indígenas que llegaron el lunes en caravana a Quito. Varios llevaban escudos fabricados con señales de tránsito y tachos de basura y pirotécnica artesanal. En contraste, otros con gritos de “Fuera Lasso ya” confirmaron que el objetivo de la protesta nacional es poner fin al mandato del presidente conservador.
Tres claves
En la dolarizada economía ecuatoriana, que intenta recuperarse de los efectos de la pandemia y en medio de la espiral inflacionista que registra el mundo, fruto de factores como la guerra ruso-ucraniana que ha encarecido el precio de los alimentos, fertilizantes y otros insumos, este paro nacional es un duro golpe para las finanzas y los programas gubernamentales.
Estas son tres claves para entender las razones de las protestas en el país vecino:
1. El peso del movimiento indígena. Con una amplia capacidad de convocatoria, la Conaie, la mayor del país, tomó fuerza en 1990 con un histórico "levantamiento", que logró la entrega por parte del gobierno de 2,3 millones de hectáreas de tierras a comunidades de la Amazonia y la sierra andina.
Actualmente, su brazo político Pachakutik es la segunda fuerza en el Legislativo, donde la oposición está dispersa, pero hace mayoría. Cuenta con 18 de los 137 curules.
Entre 1997 y 2005, el movimiento aborigen participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios. En 2019 encabezó violentas manifestaciones por casi dos semanas que dejaron 11 muertos y más de mil heridos. Entonces, obligaron al entonces mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás en la eliminación de millonarios subsidios a los combustibles, una condición atada a un acuerdo con el FMI.
La Conaie se mantiene desde 1990 como la "principal organización social del país, tiene voz, liderazgo y poder de convocatoria", dijo a la AFP Franklin Ramírez, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.
2. El detonante: la gasolina. Ecuador exporta petróleo, pero importa combustibles que vende con subsidios que han demandado 2.806 millones de dólares al gobierno entre 2014 y 2022, según el ministerio de Economía.
La Conaie se opone rotundamente al alza de precios de combustibles. En poco más de un año, el gobierno subió el galón de diésel en 90% (a 1,90 dólares) y el de gasolina corriente en 46% (a 2,55). Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.
Los indígenas reclaman una rebaja a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente. Al igual exigen una moratoria para el pago de deudas de campesinos con la banca, el control de precios agrícolas, más empleo, suspender concesiones mineras en territorios indígenas y más presupuesto para salud, educación y seguridad.
3. ¿Cuánto tiempo y a qué costo? A diferencia de otras veces, los indígenas no han ingresado aún en masa a Quito, aunque si hay un número considerable (al menos seis mil).
Iza demanda que el Ejecutivo cumpla los 10 pedidos de la Conaie y de allí su negativa al diálogo.
Pero cada día que pasa del paro no sólo aumenta la tensión en las calles, sino las pérdidas en una economía, como reseñamos, muy golpeada.
"El país está viviendo una crisis económica, la gente se empezaba a estabilizar tras la pandemia. No sé hasta qué punto las clases medias y populares apoyen el levantamiento si esto empieza a afectar los negocios", expresó el analista Ramírez.
Según la Cámara de Comercio de Quito, las protestas dejaron en los cinco primeros días pérdidas de USD 60 millones en el sector productivo y están afectando la producción de crudo. La estatal Petroecuador registra una pérdida acumulada de casi 64.300 barriles de la producción total debido a que más de 230 pozos están "apagados" por las manifestaciones en la Amazonía./