El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presionado por la comunidad internacional que le demanda cambios democráticos, endureció su posición con la expulsión de dos misiones de derechos humanos, mientras arremete contra sociedad civil y la prensa independente, según analistas.

Dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron expulsadas el miércoles acusadas de injerencistas, cuando aún no cesaba una ola de condenas internacionales por el cierre de organizaciones civiles, de derechos humanos y medios de prensa.

Esas acciones son "actos desesperados" de Ortega y un intento por "demostrar que está fuerte y que las presiones externas no le causan mella", dijo a la AFP José Pallais, que fungió como canciller durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).

La expulsión de las misiones de la CIDH y la negativa a realizar cambios democráticos "son una ruptura con todo el sistema internacional de defensa y supervisión de derechos humanos. Ortega no quiere continuar bajo el escrutinio", indicó Pallais.

Tras la salida este jueves de los representantes del mecanismo Especial de Segumiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Experto para Investigación (GIEI), "los nicaragüenses quedamos en un estado de indefensión total", estimó Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una de las pocas organizaciones que continúa funcional tras el cierre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

"Cada día nos estamos aislando más y la comunidad internacional ha estado pendiente y denunciando todos los atropellos y violaciones de derechos humanos", agregó.

Estados Unidos aplicó sanciones a seis personas del círculo más cercano a Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Al mismo tiempo, la ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como "Nica Act", que impedirá que el país acceda a créditos de organismos multilaterales, entrará en vigor apenas la promulgue el presidente Donald Trump.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, un severo crítico de Ortega, consideró que "estamos en una crisis terminal" debido a que el mandatario ha llevado al país "a un despeñadero (...) destruyendo la economía y la convivencia, y solo se puede mantener por el terror".

La policía allanó y ocupó las oficinas del diario digital Confidencial y sus programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, de Chamorro.

- Economía en aprietos -

Ortega, un exguerrillero de 73 años que ayudó a derrocar la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, descartó adelantar elecciones del 2021 al 2019, como lo plantearon los obispos católicos que mediaron en un fallido diálogo con la oposición.

También se negó a efectuar reformas institucionales para salir de la crisis política que en ocho meses deja más de 320 muertos, centenares de detenidos y miles de personas refugiadas en países vecinos.

La economía, que proyectaba un crecimiento de 4,9% para este año, se contraerá 4% por la crisis, según el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que acusa pérdidas millonarias, el cierre de más de 7.000 pequeños y medianos negocios así como la pérdida de 400.000 empleos.

Según los empresarios, en 2019 la economía se contraerá 11% si no hay una salida a la crisis política.

El mandatario, instalado en el gobierno desde 2007, es señalado por sus adversarios de corrupción y de instalar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

El gobierno "esta totalmente aislado, pero ellos (Ortega y Murillo) niegan la realidad diciendo que todo está bien, que va haber una navidad maravillosa y eso no puede seguir así", señaló el politólogo José Peraza.

"Es un sin razón, en el sentido de que yo niego la realidad e impongo una que a mi me sirve (...) Ellos (Ortega-Murillo) no entienden, no comprenden que aquí no hay ninguna conspiración: aquí lo que hay es un levantamiento cívico que ha adquirido unas dimensiones de resistencia", sostuvo Peraza.

En su aloucución diaria y citando la Biblia, Murillo dijo que "estaremos libres de temor porque no se acercarán a nosotros los impíos. Si alguno conspirare contra tí delante de tí caerá (...), si alguno conspirare contra el bien, contra el pueblo de Nicaragua lo hará sin mí, dice Jehova".

Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, pero se transformaron en una demanda para la salida de Ortega y Murillo, lo que ellos consideran un golpe de estado apoyado desde el exterior.