De momento tenemos aceptables noticias en cuanto a ir superando la pandemia. Al menos respecto a las variantes que hasta ahora, a mediados de 2022 se han presentado. Sin embargo, es de recordar que las evidencias son persistentes en cuanto a tres olas de crisis que presentan desafíos planetarios.
Por una parte, la propia pandemia que aparece como no superada plenamente. Se tiene aún el riesgo de que surjan nuevas variantes a partir de mutaciones del virus covid-19 que lo transformen en un agente tanto más transmisible como más mortal. En segundo lugar, está la crisis económica con sus problemas de escasez, de logística, de obstáculos importantes en la cadena de suministros, con las dificultades de abastecimiento que implica la guerra entre Rusia y Ucrania. Finalmente, debemos enfrentar la crisis del cambio climático, incluido el calentamiento global y sus implicaciones en los diferentes continentes.
A partir de una combinación nada deseable entre la crisis económica y en especial la climática, uno de los problemas en que desembocaría tal estado de cosas, es la presencia crónica de hambre para muchas poblaciones. Se trata del rasgo por excelencia que estaría caracterizando a las sociedades disfuncionales. Algo que incide en los fracasos de organización social que en especial en economía, repercute en la incapacidad de proveer acceso a bienes esenciales, que son un derecho humano: el alimento.
Con especial énfasis, a partir de los postulados de la salud pública, se reconoce que toda persona humana necesita de las 5 Aes para poder sobrevivir: agua, aire, alimento, abrigo y afecto. A partir de esta dotación básica -el agua, por ejemplo- las sociedades pueden mantener en rangos aceptables las condiciones fisiológicas de su población. Esa sería la base para que todo grupo social no se viera abocado a gastos directos en materia de salud, en sus diferentes niveles de aplicación médica.
Es evidente que un organismo desnutrido presenta condiciones más favorables para el impacto de enfermedades. De allí lo importante de reconocer la alerta de que -según cifras de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)- en 2019 se reporta en relación a que 135 millones de personas en el mundo padecían “crisis alimentaria aguda”. En 2020 ese indicador habría crecido hasta ser 155 millones en 55 países y territorios. La misma organización reconoce que para 2022 ese total sería de 200 millones de personas. Cuando el indicador se refiere al total de personas que no tienen acceso a una comida al día, el número ronda la friolera de 800 millones de seres humanos.
De esos 800 millones que no completan los tres tiempos, cerca de 95 millones de personas estarían en Latinoamérica. Nótese la gravedad de la crisis de alimentos cuando se acepta que, de manera anual, unos 9 millones de personas -incluyendo 5 millones de niños- mueren por factores relacionados con el hambre, tales los casos de desnutrición, malnutrición o enfermedades que vienen desde la Alta Edad Media (del año 476 al 1095) ya se trate de afecciones respiratorias o digestivas. Es decir, problemas de salud totalmente prevenibles y curables con la ciencia y tecnología actual del Siglo XXI.
El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, (1949 -) no ha dudado en enunciar que la perspectiva económica mundial puede muy bien conllevar un “huracán de hambruna”. Situación en la cual confluirían los peligros actuales no superados totalmente del covid-19, los grandes desafíos en las esferas de producción, distribución y consumo, a la vez que las condiciones que trae el cambio climático en el planeta.
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Por supuesto que la guerra entre Rusia y Ucrania empeora las cosas. Ahora nos percatamos que esos países son dos de los mayores productores y exportadores mundiales de maíz, trigo y fertilizantes. Con ello se tienen problemas directos de oferta de cereales que desde ya están golpeando con fuerza varias economías -entre ellas las de países al Sur del Sahara, tales como Burundi, Ruanda, Namibia, Tanzania, Kenia y Zimbabue.
Se cuenta ya con cierta aproximación en cuanto al incremento de precios en los alimentos. Por ejemplo, se estima que para 2023, los países del sur de Asia tendrán que destinar un 20% de sus ingresos para fines alimenticios, cuando destinaban 15; los de Latinoamérica dedicarán un 22%, cuando ese aprovisionamiento implicaba un 13% de los ingresos. Los países subsaharianos, ya referidos, tendrían que gastar 35% de sus ingresos en alimentos, cuando, para ello, dedicaban 15%.
Este redireccionamiento de egresos golpea notablemente a gobiernos, personas y grupos sociales. Fuera de toda duda, se tendrán que desatender otros renglones importantes tales como educación, salud o infraestructura -ya se ésta última básicas o de carreteras. Se dejarán de lado importantes montos de inversión de reposición o mantenimiento.
Los gobiernos se verán forzados a establecer redireccionamientos estratégicos de sus gastos, nuevas priorizaciones de fondos e inversiones, a la vez que ven aumentados los requerimientos de cobertura para ayuda de emergencia alimentaria. Desde ya el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas se está viendo desbordado en la demanda que debe atender. A ello se agrega el impacto de sequías o también de excesos de lluvias en varias regiones.
Urge una efectiva coordinación mundial para enfrentar desde ya la crisis alimentaria que está tomando forma. Es de estar atentos ante el hecho de que, frente a la escasez de alimentos, puede consolidarse un esquema de especulación en los mercados a futuro de granos y cereales. Se debe imponer prioritariamente la necesidad, cobertura y sostenibilidad en la dotación alimentaria. De nuevo, la tecnología es muy importante, aunque ahora no suficiente, para completar el cuadro de soluciones políticas y negociadas entre naciones
*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario
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