EN UN AMBIENTE más distensionado, con nuevo gabinete y tras adoptar las primeras medidas sociales que exigían los manifestantes, el gobierno chileno volvió a reunirse con los partidos políticos para buscar una salida consensuada a la inédita crisis social que vive el país hace dos semanas y que llevó a cancelar la organización de dos citas internacionales.

A diferencia de un primer encuentro, organizado tres días después del estallido de la crisis el viernes 18 de octubre, el gobierno no excluyó a ningún partido con representación en el Parlamento, incluido el Partido Comunista, que sin embargo no acudió a la cumbre política.

El Partido Socialista (PS), principal conglomerado de la oposición, se hizo presente en el encuentro que fue liderado por el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, nombrado el lunes por el presidente Sebastián Piñera tras remover a ocho de los 24 miembros de su gabinete.

"Se ha levantado el estado de emergencia y se ha invitado a todos los partidos políticos sin exclusiones, por eso vinimos", dijo el presidente del PS, Álvaro Elizalde, quien anticipó que planteará al gobierno echar a andar una ambiciosa agenda social y que ya es tiempo de plantearse, como lo han hecho otras colectividades políticas, hacer una nueva que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), señalada como origen de las inequidades y la distancia del mundo político con la sociedad.

"El país ya no aguanta más postergaciones", afirmó de su lado el presidente del opositor Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, acogiendo también el pedido de cambiar la criticada Constitución, confeccionada como un traje a la medida para que la dictadura y las fuerza conservadoras mantuvieran su poder, incluso después de restaurada la democracia.

"Hemos vuelto a La Moneda hoy a tratar de que el gobierno escuche la necesidad de tomar medidas de fondo", dijo por su lado Carlos Maldonado, presidente del opositor Partido Radical.

Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura en 1990.

Su ideólogo Jaime Guzmán –asesinado por un comando de izquierda en 1991-, instauró quórums altísimos para cualquier modificación de fondo de la carta magna.

La carta original estableció además una serie de "enclaves autoritarios", como califican sus críticos al hecho de que se fijaron senadores designados y la imposibilidad de remover a los jefes de las fuerzas armadas, un aspecto que recién en 2005 fue sacado de la carta fundamental tras un gran acuerdo político.

En esos años se llegó a plantear que se estaba ante el fin de la "transición" a la democracia.

"Chile cuenta hoy con una Constitución que no nos divide", dijo entonces el presidente socialista Ricardo Lagos, al estampar su firma en la reformada carta magna y retirar de ella la firma de Pinochet, el 17 de septiembre de 2005.

Pero expertos consideran que aún quedó mucho por hacer y, tras un intento fallido de establecer una nueva Constitución durante el segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-10; 2014-18), esta opción aparece ahora como una de las posibles soluciones a la grave crisis social que mantiene semiparalizado el país desde el 18 de octubre, y que suma 20 muertos.

Parlamentarios de oposición reactivaron una iniciativa legal para establecer una asamblea constituyente, como un primer paso para avanzar hacia una nueva Carta magna. El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, también adhirió el miércoles a esta iniciativa.

La crisis va a un ritmo tan vertiginoso que el presidente Sebastián Piñera se ha visto obligado a dar giros de posturas que hace dos semanas eran inimaginables. "No descarto ninguna reforma estructural", dijo el miércoles al ser consultado sobre la eventualidad de una reforma constitucional.

Con un vicio de origen, la Constitución de Pinochet se sitúa al frente de los reclamos de los chilenos, que piden ahora más participación en la toma de decisiones y reformas sociales en sectores clave en el marco de un modelo de economía abierta a los mercados.

Si bien los analistas concuerdan en que un cambio en la Constitución no resolverá los problemas más inmediatos reclamados en las protestas, marcaría un punto simbólico desde el cual se puede empezar a aliviar la alta tensión en las calles.

"Estoy convencido de que necesitamos una nueva Constitución y la necesitamos no para corregir todos los problemas del subdesarrollo o de la desigualdad; sino para hacer todas las cosas que tenemos que hacer; necesitamos instituciones más legítimas", dijo el abogado constitucionalista Patricio Zapata.