Con el voto de 128 diputados, la Asamblea Nacional retiró la inmunidad a Jorge Glas para que la justicia inicie una investigación por el delito de asociación ilícita.

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El Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, autorizó este viernes por unanimidad el inicio de un proceso penal contra el vicepresidente, Jorge Glas, por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Con el voto de 128 diputados presentes (de 137), la Asamblea Nacional retiró la inmunidad al vicepresidente para que la justicia comience a investigarlo por el delito de asociación ilícita. La vinculación de Glas al proceso penal no implica aún una acusación formal en su contra.

El vicepresidente "el día de hoy ya tendrá la oportunidad de defenderse frente a la justicia y ya no frente a un linchamiento mediático y político", declaró ante los medios el presidente del Congreso, José Serrano, al final de la sesión.

Poco antes de la votación en el pleno de la Asamblea Nacional, los diputados de oposición exigían a gritos que se abra el debate. Sin embargo, Serrano lo impidió argumentando que no se trataba de un tema político, sino de resolver el pedido de la Corte Nacional de Justicia para procesar a Glas.

Al presentar la resolución que fue aprobada, el presidente del Legislativo recalcó su confianza en Glas, quien días atrás había pedido al oficialismo dar paso a la solicitud del enjuiciamiento penal.

"Nada ocultamos, nada ocultaremos. Confiamos en la inocencia de las personas, en este caso del vicepresidente, mientras no se demuestren pruebas de algún tipo de responsabilidad específica", dijo Serrano.

Glas, quien fue desde 2007 responsable de sectores estratégicos de Ecuador y a partir de 2013 es vicepresidente, niega cualquier vinculación con el caso Odebrecht, aunque su tío, Ricardo Rivera, es uno de los detenidos por su presunta participación en la trama.

Las indagaciones en curso en Ecuador por el caso Odebrecht deja en el país otros nueve encarcelados, entre ellos un exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera. Además hay una orden de prisión contra el excontralor del Estado, Carlos Pólit, quien está prófugo en Estados Unidos.