PARA despejar las dudas que algunos pueden aún tener respecto a la crisis que, de manera recurrente tiene Argentina, un dato: el total de la deuda externa del país al cierre de junio de 2022, de conformidad con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se sitúa en no menos de 274.000 millones de dólares. Ese monto representa un aumento de 6,488 millones de dólares respecto a las cifras con las cuales se cerró diciembre de 2021.

Se hace evidente que las necesidades de dólares, tanto del sector privado como del público, se han cubierto con préstamos que van acumulando de manera creciente, obligaciones tanto ante la banca privada internacional -coordinada mucha de ella en el denominado Club de París- como con prestamistas de última instancia, tal el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es evidente que entidades como el FMI y el Banco Mundial (BM) conceden ayudas financieras relativamente ágiles, oportunas, y con tasas de interés más bajas. Cierto. Lo que va aparejado con estos préstamos que le han permitido a Argentina contar con suficiente liquidez en tiempos difíciles, es el conjunto de medidas de condicionalidad para los gobiernos.

Como parte de esa condicionalidad se tiene el control del déficit fiscal, es decir de los números en rojo del presupuesto de los gobiernos. Se trata de que los gobiernos demuestren la capacidad que tienen de llegar a cumplir con los compromisos de pago. Una verificación de esta capacidad puede a su vez favorecer el acceso a préstamos privados internacionales a una mejor tasa de interés. 

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En esto influyen los números que a una nación determinada le asignen las calificadoras de riesgo.  Mientras más baja sea la calificación, más caro el acceso que se tiene a recursos financieros frescos en el exterior. De allí la importancia de monitorear la asignación de estos calificativos. Se sigue aquí una norma genérica.  A mayor riesgo esto implica mayor tasa de interés que se demanda para el otorgamiento de la ayuda financiera. Si los fondos ya no están disponibles en la banca privada internacional, se recurre, por lo general, al apoyo del FMI y el BM.  Este es el caso de Argentina; situación que se demuestra de manera recurrente.

Tal y como nos lo informan las noticias más recientes, como parte de las maniobras bajo la tempestad que ejecuta el gobierno argentino, a principios de este agosto de 2022, el recién nombrado ministro de Economía en Buenos Aires, Sergio Massa, aseguró que sí cumplirá con la meta de 2.5% del déficit fiscal. Esto implica recortes en subsidios a energéticos, a la luz y al aprovisionamiento del gas.

Massa agregó que las “devaluaciones lo único que producen es pobreza”.  De acuerdo, nadie desea que las alzas generalizadas en los precios -inflaciones- ocurran en una economía, pero en el caso argentino, estos fenómenos inflacionarios están asociadas a la devaluación del peso argentino.  Una pérdida de valor que ha sido constante, y últimamente dramática.

Véase cómo la moneda de esa nación a inicios de agosto marcaba un tipo de cambio oficial de 130 por dólar estadounidense, mientras en el mercado negro, paralelo o “blu” la cotización trepaba a 250 o 280 por unidad de la divisa norteamericana. Y por supuesto que los montos de oferta de la divisa al tipo de cambio oficial no dan para total cobertura de la demanda de dólares.

En esto influye la estructura de importaciones de bienes intermedios de la economía argentina. Como lo que estamos comprando en el exterior son bienes estratégicos para procesos de producción, equipos, tecnología, insumos, medicina, ese mayor encarecimiento del dólar eleva el precio también, de la producción local.  Se presenta la situación de que la devaluación puede desembocar en escenarios de importación de inflación de manera sostenida.  Un aspecto que, por cierto, no hace explícito el nuevo ministro.

Se trata de dar cumplimiento a los compromisos de pago de la deuda que realizó, de manera relativamente reciente, el anterior gobierno encabezado por Mauricio Macri.  Se trató de un préstamo del FMI de un poco más de 40,000 millones de dólares; cifra histórica que la organización concede a un país en apuros.  Ahora se está imponiendo el calendario de pagos y para ello el gobierno desarrolla las maniobras en las variables macroeconómicas.

Un dramático dato con el cual debe hacer frente la población es la inflación que se sitúa ya en 80%.  Se trata de pérdida drástica de poder adquisitivo y que golpea más a sectores asalariados, a clases pasivas -incluyendo jubilados- a sectores desempleados, subempleados, micro y pequeñas empresas, a quienes deben subsistir en el trasiego del sub-empleo.

Las medidas más recientes del gobierno argentino permiten amortiguar, al menos, la credibilidad en la capacidad de pago por parte del Estado, promoviendo así cierta estabilidad que se espera sea duradera. Pero por otra parte tiende a castigar el consumo, la demanda y con ello afecta los esfuerzos de reactivación económica y los anhelos de aumentar la producción y el empleo.

Con este panorama, una vez más, los argentinos ven cómo las oportunidades pueden esfumarse rápidamente en función de alternativas laborales. 

En el ámbito político, la batalla entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina de Kirchner ha entrado en una etapa de tregua. La gravedad de la situación actual y los desafíos por mantener un mínimo de convergencia se imponen. De nuevo, el tiempo parece irse acabando en otro ciclo de crisis para Argentina.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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