Un tribunal de Apelaciones de Santiago de Chile ha decretado este jueves penas de prisión de entre cinco y diez años para ocho agentes de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) por los secuestros y la desaparición de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo y Alonso Fernando Gahona Chávez, cuyos cuerpos todavía no han podido ser encontrados.

Los hechos ocurrieron entre el 8 de agosto y 8 de septiembre de 1975, cuando los dos jóvenes afiliados al Partido Comunista fueron secuestrados por agentes del Comando Conjunto, organismo dedicado a la persecución y ejecución extrajudicial de los opositores a la dictadura.

El tribunal, presidido por el juez Jorge Zepeda Arancibia, ha decretado una pena de diez años de cárcel a Otto Trujillo en calidad de coautor de los secuestros calificados --figura penal para castigar como delitos de lesa humanidad cuando se desconoce el paradero de las víctimas-- de Gallardo y Chávez, así como a otro año y cuatro meses por días por asociación para delinquir.

Por su parte, Manuel Muñoz, Juan Francisco Saavedra, Fernando Zúñiga, Sergio Contreras, Emilio Mahias y Gonzalo Hernández, han sido sentenciados a cinco años de presidio coautores del secuestro de Gallardo y a Juan Luis López cinco años también por el secuestro de Chávez en calidad de autor, informa Radio Universidad de Chile.

El abogado querellante Nelson Caucoto ha celebrado el fallo. "Se agradece porque termina condenando a agentes del Estado por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en este caso, agentes del Comando Conjunto que hicieron desaparecer a dos chilenos hasta el día de hoy", ha apuntado.

Rodríguez era tornero mecánico, militante del Partido Comunista y fue detenido en agosto de 1975, sometido a torturas y asesinado. Presumiblemente su cuerpo fue quemado en la periferia de Santiago.

Chávez era trabajador municipal, militante del Partido Comunista. Fue apresado en septiembre de 1975 y sometido a torturas. Se cree que su cuerpo pudo haber sido lanzado al mar.

Ambos fueron dos de las más de 28.000 personas que fueron torturadas durante la dictadura, en la que unas 3.200 fueron asesinadas, mientras que alrededor de 200.000 se vieron obligadas al exilio, según cifras oficiales.