El Tribunal Supremo de Brasil decidió este jueves que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de que se agoten todos los recursos disponibles en la justicia brasileña, decisión que abre el camino para que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lleva un año y medio encarcelado, sea puesto en libertad. La decisión también puede beneficiar a casi 4.900 presos.

Por tanto, el abogado de Lula, Cristiano Zanin, solicitó a la Justicia la liberación inmediata del expresidente este viernes.

Lula da Silva fue condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de activos, pese a que en esa fase todavía quedaban apelaciones pendientes en tribunales superiores.

No obstante, aunque salga de la cárcel no podría presentarse como candidato en las elecciones, ya que hay una ley brasileña que prohíbe la postulación de cualquier persona que haya sido condenada por la Justicia.

La decisión del Supremo anula la jurisprudencia que la propia Corte había establecido en 2016 y representa una derrota a la Operación Lava Jato, que dentro de su narrativa en contra de la impunidad ha defendido que las personas deben poder encarcelarse con prontitud.

El equipo del fiscal Deltan Dallagnol –constantemente criticado por Lula, que lo acusa de haber conducido la investigación con parcialidad y intereses políticos– se pronunció sobre la decisión de Supremo, y aunque dijo que esta debe ser respetada, resaltó que todo acto judicial puede ser objeto de debate y discusión.

Desde la Operación Lava Jato, los fiscales se quejan de que haya cuatro instancias de apelaciones judiciales en Brasil, así como decenas de recursos, lo cual para ellos retrasa el cumplimiento de la pena por parte de los condenados.

“Reconociendo que la decisión afectará los resultados de su trabajo, el grupo de trabajo expresa su compromiso de buscar justicia en los casos en que opera", señala el comunicado.

La decisión del Supremo ha provocado una reacción en el Congreso. Los diputados que apoyan la operación Lava Jato ahora intentan acelerar una propuesta de enmienda a la Constitución para volver a permitir la prisión en segunda instancia. Sin embargo, el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, rechaza la idea.

Por su parte, los abogados de Lula piden su libertad inmediata, pero también presionan para que el Supremo juzgue otra petición que está en sus manos y que puede anular todo el proceso.

Lula fue arrestado en abril de 2018, tras haber sido condenado a ocho años de prisión por corrupción y lavado de dinero. El expresidente habría recibido un apartamento en la playa de Guarujá, en Sao Paulo, como soborno de la constructora OAS, que a cambio supuestamente conseguiría contratos de Petrobras.

No obstante, el exmandatario niega las acusaciones y dice haber sido condenado sin pruebas.

Esta no es la única condena de Lula. El expresidente del Partido de los Trabajadores también fue sentenciado a 12 años de prisión por un tribunal de primera instancia por supuestamente haber recibido otro soborno de la misma empresa, OAS, y de Odebrecht, a través de una remodelación de una casa en la ciudad de Atibaia, en Sao Paulo.

El tribunal de segunda instancia volverá a analizar este caso y decidirá si la sentencia de Lula debe ser revocada, a la luz de una reciente decisión de la Corte Suprema que busca que los acusados puedan defenderse ante nuevos testimonios que surjan en su contra después de haber sido juzgados. Esto, en referencia al caso de la casa de Atibaia, en el que se han hecho nuevas acusaciones contra Lula.

No hay una fecha determinada para que Lula pueda ser puesto en libertad. La decisión que tomó el Supremo este jueves no es automática, así que el plazo depende de la petición de los abogados, así como de la decisión de los jueces.