Durante su intervención en la III Sesión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional del Planeación, el viceministro de Promoción de la Justicia, Arleys Cuesta Simanca, privilegió el componente territorial del Plan Decenal de Justicia 2017-2027, al asegurar que “es fundamental el papel que juegan las comunidades y las entidades territoriales en la resolución de conflictos”.

El alto funcionario participó en dicho encuentro, que giró en torno al documento ´Paz productiva’, iniciativa gubernamental que busca implementar medidas para la reconstrucción del tejido social rural, la activación y dinamización del aparato productivo local y regional y la instalación de capacidades que articulen procesos de planificación territorial con el propósito de reconstruir la democracia local. Todo esto de cara al posconflicto.

Así las cosas, el reto del Ministerio de Justicia y del Derecho es el de aportarle al posacuerdo con un sistema que garantice niveles de eficiencia, descongestión, diligencia y alta credibilidad, facilitándoles a todos los ciudadanos y a las comunidades el mejor acceso posible a la administración de justicia.

“Para construir el Plan Decenal debemos apoyarnos en sistemas locales de justicia que permitan acompasar la oferta jurisdiccional formal con mecanismos alternativos de solución de conflictos, siempre teniendo en cuenta que el acceso a la justicia también involucra una forma diferente de resolver las diferencias”, anotó el Viceministro, quien añadió que las comunidades son las que deben proponer soluciones reconociendo sus propias dinámicas locales.

“Lo que estamos proponiendo es que desde los espacios de participación local para la construcción del Plan -que tendrán lugar entre junio y diciembre-, se articulen institucionalidad y manifestaciones territoriales para que a partir de unos diagnósticos que ya existen, puedan recopilarse propuestas que permitan avanzar hacia la fase de formulación y divulgación del Plan, prevista para junio de 2017”, dijo Cuesta Simanca al destacar que lo fundamental es llegar a entender perfectamente las expectativas y aspiraciones de justicia de las comunidades.

El Viceministro dijo que el Plan espera contar con un fuerte componente de justicia rural, que debe apoyarse en los sistemas locales de justicia. “Será la participación territorial la que nos diga cuáles son las acciones a emprender”, recalcó el alto funcionario, quien puntualizó que la legitimidad misma del procedimiento participativo en la construcción de la iniciativa debe obedecer al mandato ciudadano.