Uno de los proyectos que estudia presentar en la próxima legislatura que se iniciará el próximo 20 de julio el Ministerio de Justicia es para implementar la doble instanciaen los procesos penales en contra de los congresistas y otros aforados constitucionales con la finalidad de propender al respeto del debido proceso en los términos que fijó la Corte Constitucional en su Sentencia C-792 de 2014.

En esa oportunidad el Tribunal Constitucional al resolver una demanda declaró inexequibles varios artículos del Código de Procedimiento Penal sobre la doble instancia y “exhortó al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.

Han transcurrido 19 meses desde esta sentencia sin que el Parlamento haya regulado la doble instancia en los procesos penales contra los aforados constitucionales, que hoy resuelve la Corte Suprema de Justicia en única instancia.

El entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, radicó el 15 de septiembre del año pasado una iniciativa en el Congreso de la República sobre el particular, sin embargo, se hundió en diciembre del mismo año por términos, pues requería ser aprobado en cuatro debates en este periodo en primera vuelta y ni siquiera superó el primero. 

Entre los aforados que la Corte Suprema está facultada para investigar y juzgar están el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los ministros, los congresistas, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; los directores de los departamentos administrativos; el Contralor General de la República, los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, los gobernadores, magistrados de tribunales y los generales y almirantes de la Fuerza Pública por los hechos punibles que se les imputen.

Más de 60 congresistas fueron condenados entre 2006 y 2010 por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de la llamada parapolítica por los vínculos que sostuvieron con grupos de autodefensa. Varios de estos parlamentarios se quejaron y apelaron sin resultado alguno porque su caso se resolvió en una única instancia.

La urgente necesidad de garantizar la doble instancia a los aforados constitucionales cobró vigencia nuevamente la semana pasada, cuando la Corte Suprema de Justicia alertó que por falta de regulación por parte del Parlamento es imposible en este momento implementarla y en este sentido dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional del año 2014.  

Así lo remarcó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al negar por improcedente la revisión de la condena a seis años que solicitó el excongresista Iván Díaz Mateus por concusión, a consecuencia de su participación en el escándalo por las prebendas que para el alto Tribunal entregaron funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe a congresistas con el objeto de que fuera aprobada la reforma constitucional que instituyó la reelección presidencial inmediata, hecho conocido como la 'Yidispolítica'.

Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el  “estado actual de cosas es imposible cumplir la Sentencia C-792 de 2014, porque al no haber acatado el Congreso de la República el llamado que la Corte Constitucional hizo (...) el ordenamiento existente no ofrece opciones para suplir o complementar el déficit normativo en este tema".

El proyecto

EL NUEVO SIGLO  conoció que el ministro de Justicia, Jorge Londoño, estudia presentar  este proyecto de reforma constitucional al inicio de la tercera legislatura el 20 de julio próximo, y así evitar lo que le sucedió a su antecesor Reyes con la iniciativa que radicó en el Congreso en septiembre del año pasado, que terminó hundiéndose por tiempos.

La iniciativa establecería que el juzgamiento de los aforados constitucionales estará en cabeza del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y la segunda instancia, producto del recurso de casación, correspondería a la Corte Suprema de Justicia.