Comunicaciones interceptadas por la Fiscalía le permiten a la entidad judicial tener certeza de que se compró un arma de fuego, una nueve milímetros con silenciador, para eliminar al ingeniero Andrés Sepúlveda y que ingresó a La Picota, centro de reclusión donde se encontraba el hacker, con la ayuda de dos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Las precisiones fueron dadas a conocer luego de que el director del Inpec, general Saúl Torres, dijera que esa entidad, “de acuerdo con la información suministrada por el director del establecimiento, no ha encontrado ningún tipo de arma al interior de manera ilegal”.

La declaración alcanzó a ser rechazada por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, quien sostuvo que “la Fiscalía es la que está en una mejor posición para adelantar esa investigación” y saber si entró o no la mencionada pistola, considerando que lo comentado por el oficial es aislada e inconsulta.

Ayer el general Torres debió aclarar que “en ningún momento se desmiente o desconoce la versión de la Fiscalía General de la Nación, simplemente se dio a conocer el informe presentado por el establecimiento penitenciario y carcelario de La Picota producto de los procedimientos de seguridad, en el cual se manifiesta que después de las requisas periódicas no se encontraron armas de fuego”.

A través de un comunicado, el Inpec precisó que no busca causar polémica frente a los elementos probatorios y evidencias que respecto del caso tenga la Fiscalía, “ya que las competencias de los dos Instituciones son diferentes”.

El Inpec expresó que busca colaborar con la Fiscalía en todo lo necesario para que en la acción penal se revisen las circunstancias de los hechos o motivos que puedan revestir características de delito.

Tras indicar que el Inpec no va “en ningún momento” en contravía del Ministerio ni de la Fiscalía, sino que “por el contrario, busca acciones que permitan la armonía”.