Inició juicio contra 29 militares por ‘falso positivo’ | El Nuevo Siglo
Martes, 28 de Mayo de 2013

Los uniformados son señalados de haber cometido los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Según la investigación, estas personas están relacionadas con la desaparición de tres jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca) y que posteriormente fueron reportados como muertos en combate.

En la audiencia de apertura de etapa probatoria, la fiscal del caso, perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dio a conocer la teoría del caso, con la que se probará más allá de toda duda, la responsabilidad de los acusados en los homicidios de Elkin Gustavo Verano Hernández,  Julián Oviedo Monroy y José Joaquín Castro Vásquez.

Sin embargo, los procesados, entre los que se encuentra el excomandante del Batallón de Infantería General Santander del Ejército, coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos; dos suboficiales que para la época de los hechos pertenecían a inteligencia del Batallón y varios soldados profesionales; se ratificaron en la negación de los cargos imputados por la Fiscalía cuando el juzgador los interrogó al iniciar el juicio.

La Fiscalía narró cómo el 14 de enero de 2008 Gustavo Verano Hernández y José Joaquín Castro Vásquez fueron conducidos por Alexander Carretero Díaz hacia Ocaña (Norte de Santander), donde fueron entregados a miembros del Batallón de Infantería N° 15, quienes posteriormente los reportaron como muertos en combate al día siguiente.

Asimismo, indicó que Julián Oviedo Monroy fue visto por última vez el 2 de marzo de 2008 en el municipio de Soacha cuando se dirigía a cumplir una cita para un trabajo, posteriormente, el 3 de marzo de 2008 también fue reportado como muerto en combate durante una operación, que según los militares, buscaba neutralizar un grupo de guerrilleros que estarían sembrando minas antipersonas en la región.

En este caso la Fiscalía presentará varios informes de peritaje forense y otras pruebas documentales y testimoniales que demostraran cómo integrantes del Batallón de Infantería General Santander del Ejército se habrían concertado entre sí y con civiles para obtener felicitaciones y otros beneficios  por las supuestas operaciones realizadas en las zonas en las que se habrían  presentado a los tres jóvenes como integrantes de grupos al margen de la ley.