En audiencias públicas preparatorias, la Fiscalía General de la Nación reveló el caudal probatorio que mostrará en juicio contra la exjuez de la República y litigante Katherine Cogollo Reina, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y cohecho.

A la procesada se le acusa de reclamar mediante diferentes trámites irregulares a la Secretaría de Educación de Lorica (Córdoba),  $5.626.449.835.00 pertenecientes al Magisterio del departamento de Córdoba en el año 2011.

El delegado de la Fiscalía reveló al juzgado de conocimiento cerca de 300 elementos materiales probatorios entre los cuales aparecen los oficios librados por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, (Córdoba) a las diferentes entidades bancarias para que se embargaran los dineros que tuviera depositada la Fiduprevisora S.A.

De la misma manera, los autos de mandamientos de pago y las solicitudes de la abogada Cogollo Reina en los que supuestamente solicitaba el embargo de los dineros de los procesos ejecutivos para posteriormente apropiarse ilícitamente de ellos.

Concluyó que para que una juez admitiera las demandas para favorecer los cobros ilegales se le entregaron trescientos millones de pesos, tal como se hizo con los otros procesos ejecutivos anteriores, dinero que se garantizó con una letra, la cual se recogía cuando se pagaba el proceso, situación plenamente conocida por Cogollo Reina.

“Tenemos los documentos que evidencian la orden de embargo y retención de los dineros contenidos en los títulos, memoriales solicitando el levantamiento de medidas cautelares y las notificaciones de los mandamientos de pago”, sostuvo el fiscal adscrito a la Unidad de Investigaciones de Funcionarios de la Rama Judicial.

Recalcó además que “se adelantó un proceso ejecutivo laboral y mediante este, se dieron unas resoluciones en las que se reconocían unas pensiones vitalicias firmadas por el secretario municipal de Educación de Lorica”.

“Con estos hechos afectó a la banca nacional, y el poder dispositivo de los títulos valores  que estaban dispuestos para cancelar las obligaciones pensionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, anotó el fiscal.

Asimismo para pactar los pagos y hacer efectivos los actos de corrupción, supuestamente se reunieron en una cafetería en un centro comercial de Montería (Cordoba), en la cual se discutieron honorarios y lo relacionado con la letra de cambio entregada a la juez para garantizarle la entrega del dinero, el cual efectivamente le fue pagado en efectivo.