La Procuraduría General sancionó a Rafael Antonio Pérez Júbiz y Roberto Alfonso Calderón Cujía, exdirector y exgerente de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CAr), con suspensión de 12 meses y destitución e inhabilidad por un término de 10 años, respectivamente.

Los hechos materia de investigación están relacionados con un convenio entre la CAR y la asociación Tribuna Verde, cuyo objeto era recuperar, adecuar y ambientar, con ayuda de la comunidad, paisajísticamente el boulevard ubicado en la carrera 24 ente calles 16 y 23 del municipio de Luruaco (Atlántico).

Luego de la investigación realizada por el Ministerio Público, se pudo concluir que a pesar de que “no se dio cumplimiento cabal al objeto del convenio en los términos propuestos”, se expidieron certificados de culminación de obras y recibo a satisfacción.

Pérez Júbiz fue sancionado por cuanto como ordenador del gasto y administrador de los recursos de la CRA tenía el deber de vigilar la correcta ejecución del convenio, por lo que incurrió en falta grave cometida a título de culpa grave por la desatención de sus deberes como servidor público. En atención de que el exdirector no ejerce funciones públicas, la falta se hará equivalente a 12 meses del salario al momento de la comisión de la falta.

Por su parte, Calderon Cujía incurrió en falta gravísima atribuida a título de culpa gravísima, pues al ser el interventor del convenio debía rendir informes adecuados a la realidad para vigilar la ejecución de dicho convenio, lo cual no hizo y, por el contrario, firmó la constancia de recibo a satisfacción de las obras sin que ellas se hubiesen ejecutado cabal y oportunamente, generando el acta de liquidación del convenio cancelando el 50% del saldo final, por la suma de $57.953.951.

La Procuraduría señaló que con esta conducta se atenta contra la ética pública como principio de la función administrativa.