Un análisis de la Personería de Bogotá a los impactos que trae el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), detectó que no se estableció ninguna disposición para el manejo de la transitoriedad de las querellas que tramitan las alcaldías locales, por el posible funcionamiento irregular de establecimientos comerciales o construcciones que desconocen las normas urbanísticas.

Según el informe, a la fecha la Administración Distrital tampoco ha fijado lineamientos claros y unificados para que las oficinas asesoras de obra y jurídicas de cada una de las alcaldías locales decidan las querellas, de acuerdo con los cambios que incluyó la llamada modificación excepcional.

El estudio encontró paradójico que después de casi cinco años de análisis, disertaciones y el trámite adelantado ante el Concejo de Bogotá que negó la iniciativa, no se haya definido cómo se manejarían las infracciones que venían estudiándose con la norma anterior.

Además, el ente de control encontró que la entidad que coordinó y lideró en el Distrito la iniciativa, es decir, Planeación Distrital, ahora afirma que el asunto no es de su competencia, refiriendo que es la Secretaría de Gobierno la que debe fijar los lineamientos sobre las actuaciones que adelantan las alcaldías locales, para enfrentar los impactos que no se previeron en el Decreto 364 expedido por el Alcalde Mayor, el pasado 26 de agosto.

Ante la confusión que se está presentando, la Administración Distrital (Secretaría de Gobierno con sus alcaldías locales) impulsa esfuerzos para estudiar y entender un inició acciones para estudiar y entender un poco más el alcance de la modificación y acordar cómo deberán manejar la lluvia de peticiones de archivo y de pérdida de fuerza ejecutoria, que ya comenzaron a radicarse en esos despachos.

La Personería conoció algunas solicitudes de archivo de actos administrativos que declaraban a los presuntos transgresores de la norma como infractores, los cuales ahora, por vía administrativa, podrían resultar legalizando o premiando su actuación irregular.

Medidas urgentes

La modificación propuesta por la Administración dejaría sin piso jurídico procesos que se tramitan en las alcaldías locales, de forma que aquellos ciudadanos que legítimamente se opusieron a los usos y obras ilegalmente desarrollados, quedarían sin amparo legal para reclamar su “anterior derecho” a que no se les afectaran sus intereses, ya que con el nuevo POT las transgresiones a la norma podrían quedar en la impunidad.

Ante la situación, la Personería solicitó a la Administración distrital, listar las querellas que de acuerdo con el nuevo POT podrían conllevar su archivo. También, definir estrategias urgentes para evitar una mayor congestión en las alcaldías locales para decidir los procesos, evitar que colapsen y a su vez para garantizar la mitigación de los impactos en la convivencia, existentes y por venir.

Entre tanto, el Ministerio Público Distrital revisará las decisiones de las alcaldías locales y los curadores urbanos, para, entre otras cosas, determinar hasta qué punto posibles negligencias o incluso actos de corrupción administrativa, conllevaron que las Alcaldías Locales se demoraran en tomar las decisiones e imponer multas y sanciones a los “antes” infractores.

Para completar, si el Decreto del POT que derogó la carta de navegación que orientaba el ordenamiento territorial es suspendido por presuntos vicios de legalidad, la ciudad quedaría en el limbo en materia de control urbano. Por lo anterior, la Personería en defensa de los derechos e interese de los ciudadanos, solicitará con carácter urgente al Distrito establecer disposiciones que hagan claridad para no hacer más caótico el tema.