Porque se presentaron fallas y omisiones, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa pagar una indemnización a los guardianes que resultaron afectados en la toma.

La toma fue adelantada por las Fuerzas Militares en la cárcel "La Catedral" ubicada en Envigado, Antioquia, con el fin de tomar el control externo e interno de la cárcel, trasladando de prisión al entonces al ‘capo de capos’, Pablo escobar.

En la operación murió un sargento y 11 guardias resultaron gravemente heridos.

El Consejo de Estado explicó que “resulta enjuiciable la ligereza de los mandos militares, encabezados por el General Manuel Murillo, comandante de las Fuerzas Militares, que aplicada a la intercomunicación de mandos provocó un estado de desinformación entre los mismos, determinante a la postre de las decisiones improvisadas que enmarcaron la vergüenza nacional del episodio".

Así las cosas, la Nación deberá pagar $809 millones a los familiares del sargento muerto y a las demás personas que resultaron heridas durante el asalto a la cárcel.