Por el caso Mapiripán, la Contraloría General de la Nación anunció la apertura de investigaciones contra entidades y funcionarios.

En un completo informe sobre los costos de indemnizaciones a víctimas y multas por sentencias de tribunales internacionales de justicia, la Contraloria contabilizó pagos por mas de 71 mil millones de pesos, cancelados por al menos 9 entidades publicas.
 

Dentro de este listado de entidades, figuran los Ministerios de Defensa, Interior, Protección Social, Cancilleria y organismos como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Policía y Fonvivienda.

El organismo informó que dará prioridad en un primer momento a los resultados de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

La Contraloría corresponderá a las instancias disciplinarias y penales correspondientes, adoptando las medidas correctivas que sancionen las acciones dirigidas a menoscabar el patrimonio público a través de la conformación de falsos expedientes judiciales.