Por la firma del llamado Pacto de Pivijay, fueron llamados a indagatoria 115 personas, entre las que figuran ex gobernadores, ex diputados de Magdalena y otros dirigentes políticos.

 

La decisión fue adoptada por Fiscales de la Estructura de Apoyo contra la Parapolítica, adscritos a la Unidad Antiterrorismo.

 

Este acuerdo con paramilitares fue descubierto por el organismo investigador en julio de 2006, cuando encontró un documento en uno de los predios de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, titulado ‘Convenio político para el debate electoral del 10 de marzo de 2002, en la elección de Cámara de Representantes y Senado de la República’ o ’Pacto de Pivijay’, firmado, entre otros, por José Gamarra Sierra, Dieb Maloof y Jorge Castro, y en el que aparece en manuscrito el nombre del extraditado excabecilla paramilitar.

 

De acuerdo con la Fiscalía, “en el citado convenio (firmado el 22 de noviembre de 2001), varios candidatos al Congreso, alcaldes y algunos diputados acordaron que los votos que se lograran en dichas elecciones en marzo del año 2002 en los municipios de Pivijay, Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Algarrobo, entre otros municipios, donde José Gamarra Sierra contaba con bastante potencial electoral, le serían endosados a Dieb Maloof Cuse quien encabezaría la lista al Senado. De igual forma, se anuncia como sería la partición burocrática, la financiación de la campaña y la destinación que tendrían los dineros obtenidos por reposición de votos”.

 

Entre los condenados por estos hechos se encuentran Aníbal Guillermo Castro Martínez, ex alcalde de Concordia y Pablo José Salas Orozco, a seis años de cárcel.

 

Aunque el pacto de Pivijay se organizó en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Magdalena, se firmó en la ciudad de Santa Marta, la capital. Además fue replicado en otras regiones de la Costa. El segundo que se firmó fue el Pacto de Ralito, por el cual están en la cárcel 33 congresistas.

 

La Fiscalía General en el proceso investigativo determinó que lo que estaba planeando Tovar Pupo, alias Jorge 40, con la ayuda de políticos de la región, era dividir el departamento del Magdalena en varios distritos electorales, para garantizar su llegada, y la de los demás políticos que firmaron el “pacto”, al Congreso de la República.

 

La Fiscalía estableció que Jorge 40 fue quien lideró el fraude electoral que al final se concretó en el debate de mayo de 2002.

 

El ex congresista José Gamarra Sierra, uno de los primeros involucrados en el escándalo, admitió haber firmado el pacto y declaró ante la Fiscalía que con el mismo, ex alcaldes, ex concejales, ex diputados y ex congresistas, se comprometieron a promover el proyecto político de Jorge 40.

 

Gamarra Sierra, además, entregó la lista completa de los asistentes al encuentro.

 

Una vez culminen las indagatorias, la Fiscalía determinará si hay mérito para proferir medida de aseguramiento contra los implicados.