No para la polémica por haberse llevado a cabo el domingo anterior por parte del Consejo Superior de la Judicatura el examen para los aspirantes a ser incluidos en la lista de elegibles para jueces y magistrados, pues una medida cautelar de un juez de Arauca había ordenado ser suspendido tras las denuncias de que supuestamente se estarían vendiendo las preguntas.

Aspiran en este concurso no solo los actuales jueces sino abogados que creen cumplir los requisitos para ser incluidos en la lista de elegibles que tiene vigencia de cuatro años y que por ley estatutaria debe ser conformada cada dos años. Para dicho examen fueron convocadas 27. 800 personas en todo el país, sin embargo, un buen número de ellas no lo presentaron porque a pesar de que acudieron a los sitios establecidos de antemano se abstuvieron de participar, precisamente, a raíz de la medida cautelar otorgada por el juez.

También se dieron varios casos de aspirantes que se presentaron a los sitios establecidos para la realización de la prueba, pero se encontraron con la respuesta que se había trasladado a otro lugar.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros, dijo que “los exámenes se realizaron en el día y hora estipulados, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura llevó a cabo los exámenes porque no había ningún tipo de notificación, además ya estaban dispuestos los sitios y por esto se ha venido haciendo un desgaste y esfuerzo impresionante de la carrera administrativa para que salga adelante, pues es la que permite el ingreso de jueces y magistrados, acá el esfuerzo es claro y sencillo”.

Sin embargo, María del Pilar Arango Hernández, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, dijo que “había una medida provisional de un juez de tutela y estamos en desacuerdo que no se haya acatado, así tuvieran el derecho a cuestionarla y a impugnarla posteriormente, pero cuando son medidas cautelares la norma es muy clara que primero se ejecutan, luego se impugnan y se notifican”.

El magistrado Ovidio Claros defendió la realización del examen como estaba agendado y dijo que “lo cierto es que con esto gana el Gobierno Nacional y el país, todas esas personas que aprobaron satisfactoriamente están en unas listas en la que próximamente se nombrarán jueces y magistrados, no se nombraron personas a dedo y eso es lo más trascendental”.

No obstante, la juez María del Pilar Arango Hernández, quien se presentó al sitio de la prueba en Bogotá pero no quiso participar junto con otras personas como muestra de inconformidad, anticipó que “vamos a iniciar demanda mínimo ante el contencioso administrativo para que se tenga en cuenta que se adelantó ese examen sin  acatar la decisión previa del Tribunal de Arauca, violando una orden vigente de un juez de tutela”.