Ante las muertes que se han presentado en los Centros de Atención para Adolescentes en los últimos meses, la representante por Bogotá, Ángela Robledo, del Partido Verde, le pidió a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, incluir estos espacios entre las medidas de la emergencia carcelaria que la funcionaria declaró hace una semana.

La representante señaló que aunque existe el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que liderara el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en realidad este no funciona.

“Muchos de los muchachos que llegan a estos centros terminan en peores condiciones de salud y alimentación, no reciben ningún tipo de resocialización e incluso mueren en circunstancias poco claras”, aseguró Robledo.

La representante Robledo expuso el fallecimiento de tres jóvenes y en los centros del Buen Pastor y Valle del Lili en Cali, así como tres heridos más en estos mismos lugares.

Del mismo modo mencionó cuatro intentos de evasión en menos de un mes; el suicidio de dos adolescentes en el último año; uno ahorcado con una sábana y el otro intoxicado.

Reveló que el hacinamiento del Cespa en Bogotá “es tal que los muchachos tienen que dormir en el suelo y pasan varios días sin probar bocado. Tanto en Cali como en Santander hay denuncias sobre celdas oscuras de castigo que contravienen la normatividad sobre justicia juvenil”.

Investigaciones

Anotó la Congresista que “en diciembre de 2012 la Procuraduría inició investigaciones por violaciones sexuales y maltrato a jóvenes privados de la libertad en Centros de Atención juvenil”.

De acuerdo con Ángela Robledo, unos 27.309 jóvenes están en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, grupo compuesto mayoritariamente por jóvenes urbanos de los estratos 1 y 2.

“Preocupa enormemente que en los últimos dos años (2010-2012) haya aumentado en 29% por los efectos de la Ley de Seguridad y Convivencia, por ejemplo en Bogotá les detienen por consumo de sustancias psicoactivas, lo cual es ilegal”, expresó Robledo.

Agregó que “los delitos por los que los jóvenes ingresan al sistema son sobre todo hurto (37%) y micro tráfico de estupefacientes (31%), según datos de 2012”.

La Parlamentaria insistió en que “los muchachos entran en conflicto con la ley porque el Estado y la sociedad no ofrecen alternativas de vida y oportunidades para ellos. Muchos de estos jóvenes provienen de familias en extrema fragilidad económica y social y les ha tocado la vida como castigo”.

Más cifras

Entre las condiciones que predisponen la delincuencia juvenil la Congresista indicó que hay un millón de niños menores de cinco años que no tiene acceso a la atención de primera infancia.

Enunció que el ICBF recibió 46.329 denuncias por maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido, mientras que Medicina Legal reporta que 17.628 niños fueron víctimas de delitos sexuales en el mismo año 2011. Sabemos que 1,6 millones de niños, niñas y jóvenes están por fuera del sistema educativo.

“Estamos pidiendo que se cumpla el Código de Infancia y Adolescencia y que la prevalencia de los derechos de los menores de edad sea efectiva para todos los derechos, incluido el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que contempla una justicia restaurativa con una finalidad pedagógica que por ahora está en el papel. Los adolescentes y jóvenes en Colombia necesitan más justicia social y menos justicia penal”, recalcó Robledo.